Algo tienen en común los ministros de Fomento del Gobierno de España desde hace ya algunas legislaturas, y es ese infatigable empeño en reducir la partida presupuestaria que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado garantiza la financiación del 50% del costo del billete aéreo a los residentes canarios, a las familias y trabajadores que necesitan viajar entre Canarias y la Península. Tristemente, en lo que a este asunto se refiere tanto da si PP o PSOE. En este caso, la incomprensión y la falta de sensibilidad es un denominador común.

Ni José Blanco, ni Ana Pastor ni el actual ministro, Iñigo de la Serna, se han planteado jamás cerrar aeropuertos peninsulares que han sido una ruina, un lastre. Ninguno se planteó o plantea cerrar líneas de ferrocarril que los años han demostrado inservibles. Tampoco han buscado la solución a los problemas presupuestarios del ministerio clausurando autopistas, infraestructuras en las que, abandonadas por el desuso, se puede jugar al fútbol sin riesgo de ser molestado por los vehículos que circulan por ellas.

La fijación de los responsables del ministerio de Fomento se limita a reducir la partida de los Presupuestos del Estado que da soporte a la financiación de la subvención de los que vivimos en el territorio extrapeninsular del Estado. En Madrid los distintos gobiernos han tenido siempre entre sus prioridades garantizar la accesibilidad en la Península, invirtiendo en ello cantidades astronómicas que salen de los Presupuestos Generales del Estado, de los recursos que financiamos entre todos, incluidos los canarios. No ha habido límite para desplegar una amplísima red de autopistas y de líneas de ferrocarril. Tampoco para construir aeropuertos que, al solaparse con el ferrocarril y las carreteras, son auténticos sumideros de dinero público.

Nunca han puesto pegas presupuestarias a la hora de invertir en la Península en infraestructuras para los distintos modos de transporte -aéreo, ferroviario, terrestre-, ni cuando se ha subvencionado con dinero público la viabilidad de los mismos. Sin embargo, a los gobiernos españoles les ha costado, y sigue costándoles mucho, entender las dificultades derivadas de vivir en un territorio fragmentado y alejado del continente. Jamás han entendido que el camino a seguir para que no se produzcan desafectos es el de facilitar la movilidad Canarias-Península y viceversa. No dan la dimensión de asunto de Estado una cuestión que sin duda lo tiene. No son conscientes de que con su desentendimiento alejan a Canarias de España, cuando lo que deberían hacer es invertir en acercarnos facilitando unas comunicaciones aéreas y marítimas asequibles en frecuencias, precios y calidad.

Los recursos que han venido de Europa en las dos últimas décadas han ayudado a dar un salto cuantitativo y cualitativo de nuestras infraestructuras portuarias y aeroportuarias. Aunque hay que seguir mejorando, la red de puertos y aeropuertos en el Archipiélago es moderna y competitiva, dándose además la circunstancia de que su gestión resulta notablemente rentable para la Administración central.

No es de recibo, no es tolerable, que el mismo Estado que subvenciona el transporte en la Península o construye e invierte en infraestructuras ruinosas, el mismo que se lucra con la rentabilidad que producen nuestras infraestructuras portuarias y aeroportuarias, intente una y otra vez cuestionar nuestro derecho a percibir una subvención imprescindible para que los canarios podamos movernos entre las islas y entre éstas y la Península, para que podamos hacerlo en similares condiciones a las de quienes viven en territorio peninsular.

Habrá que estar muy atentos al anuncio del Ministerio de Fomento de limitar a partir del 26 del presente mes de marzo la subvención del billete aéreo para grupos. Se apunta desde el Ministerio que ninguna de las iniciativas previstas para hacer frente al fraude limita o cuestiona el porcentaje del 50% de bonificación aplicable a la subvención al residente. Esa afirmación puede esconder otras intenciones. El responsable del departamento, Iñigo de la Serna, ha añadido que la eventual aplicación de un precio máximo para los grupos lejos de perjudicar a la ciudadanía beneficiaria a los residentes y al conjunto de la sociedad porque -dice- impediría que se cometan abusos fijando precios artificialmente altos para lucrarse de la subvención con acuerdos comerciales no accesibles al público en general. Debemos seguir los pasos que se darán en el Ministerio.

Los canarios tenemos que mirar con lupa no tanto lo que Fomento dice como lo que no dice. Históricamente el Ministerio ha intentado buscar fórmulas poco transparentes para reducir la partida de aproximadamente 320 millones que suma la subvención a los residentes canarios. La dura respuesta institucional y la reacción social hasta ahora lo han impedido, pero algunas señales e informaciones animan a pensar que los canarios no debemos bajar la guardia. No es descabellado imaginar que están esperando a que lo hagamos, a que nos rindamos, para desmantelar una medida tan justa para las familias y trabajadores que viven en las Islas como necesaria para la cohesión del Estado.