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Hace ahora siete días animé desde estas líneas semanales a no bajar la guardia y a seguir muy de cerca los movimientos del Ministerio de Fomento para introducir cambios en el sistema de bonificación del precio de los billetes a los residentes extrapeninsulares, especialmente a los canarios. A no bajar la guardia porque llevan demasiado tiempo tratando de modificar el sistema para reducir la partida de 320 millones de euros que figuran en los Presupuestos del Estado. A no cruzarnos de brazos porque en el Ministerio de Fomento no se trabaja con el objetivo de buscar fórmulas que abaraten el precio de los billetes aéreos entre las Islas y entre éstas con la Península, sino en cómo ahorrarse la compensación a la que tenemos derecho por ser un territorio insular y alejado. En definitiva, no debemos bajar la guardia porque hasta ahora el Gobierno de España está demostrando encontrarse más cerca de los intereses de los operadores aéreos que de las necesidades de los ciudadanos.

La defensa del interés público y social, que deben ser la referencia del transporte aéreo entre las islas y de las islas con el resto de España, no ha estado nunca en el ADN ni de las autoridades ni de los altos funcionarios del Ministerio de Fomento. Nunca ha habido una iniciativa gubernamental para proteger el transporte aéreo y marítimo del abuso de los operadores de un sector que tiene a sus clientes cautivos por la falta de alternativas. Jamás se ha detectado una sensibilidad suficiente por parte de los distintos ministros en este asunto. Los diferentes gobiernos de España tampoco han dado muestras del siempre necesario sentido de Estado para entender que la cohesión territorial pasa porque las Islas tengan unas comunicaciones aéreas y marítimas a unos precios similares a los que le cuesta a un ciudadano peninsular moverse en territorio continental. Es cierto que el transporte aéreo y marítimo en Canarias ha dado un salto cualitativo y cuantitativo importantísimo en los últimos veinte años, pero no lo es menos que todas las medidas de mejora han sido literalmente arrancadas al Gobierno de España cuando necesitaban apoyarse en los votos de obediencia canaria.

A mitad de los años noventa, en la Legislatura 1996-2000, se produjo una gran catarsis en el sector del transporte aéreo y marítimo en España. El sector se liberalizó y en paralelo se privatizaron las empresas públicas que operaban en el Estado. Iberia y Transmediterránea perdieron su condición de monopolios públicos, vendiéndose a operadores privados. Los beneficios que tendrían que haberse derivado de la apertura del sector a la competencia, con una mejora en la calidad en el servicio y sobre todo abriendo las puertas a más frecuencias y mejores precios, desembocaron en una amenaza para Canarias dada la peculiaridad de las Islas y la carencia de transportes alternativos como el tren o la carretera.

Los cuatro votos de CC fueron decisivos -junto a los de Convergencia y Unió- para la gobernabilidad del Estado. En la negociación de los Presupuestos del Estado de 1998 logramos un acuerdo, en el último segundo, que supuso un gran paso para asegurar una buena conectividad de las Islas y de éstas con el resto del Estado, protegiéndonos así de potenciales monopolios privados. En aquel momento no bajamos la guardia y ahora tampoco nos podemos permitir bajar los brazos sobre un asunto clave para los canarios.

Veinte años después hay que seguir trabajando sobre las bases que se fijaron en aquel histórico acuerdo, que se concretó en la declaración de Obligación de Servicio Público para todos los trayectos entre las islas, con lo que el Gobierno de España con la participación de Canarias en la subcomisión creada al efecto podría fijar trayectos, frecuencias, tipos de avión y precios al operador autorizado. Se declaró la Obligación de Servicio Público para los trayectos Canarias-Península y viceversa, si bien la declaración solo sería activada si no funcionaba razonablemente el régimen de libre competencia que permitía operar a nuevas compañías. No quedaron ahí los avances. También se acordó la bonificación en un 15% de las tasas aeroportuarias para los trayectos Canarias-Península y viceversa, bonificándose también en un 70% las tasas aeroportuarias en la red de aeropuertos del Archipiélago. Fuimos más lejos aún. Se incrementó del 10 al 33% la subvención a los residentes canarios en los trayectos interinsulares -posteriormente,en el 2004, en acuerdo con el Gobierno de Zapatero, la subvención alcanzó el 50%-.

Todas estas medidas forman parte ya de nuestro acervo, están plenamente consolidadas y no deberíamos consentir que sean modificadas a la baja. Todo lo contrario, deben ser la base o el suelo de negociación con el Estado con el objetivo de que la movilidad para un canario pueda costar por kilómetro aproximadamente lo que le cuesta a un ciudadano peninsular. Los canarios no podemos desandar lo andado, nuestras autoridades no deben permitir ni un solo paso atrás sobre lo que constituye un derecho irrenunciable para los canarios.