Las reformas de la normativa electoral para, entre otras cosas, dar una salida democrática y respetuosa con el Estado de Derecho a la esperpéntica situación política que vivimos desde las elecciones del pasado diciembre. La actualización y renovación del Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Urgentes reformas fiscales que garanticen el mantenimiento de los servicios públicos esenciales con equidad y solidaridad.

Medidas para sanear y regenerar nuestra democracia, para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el sistema. Reforma de las Administraciones Públicas, una de las asignaturas pendientes en estos últimos casi 40 años. Reforma del sistema de Financiación Autonómica para garantizar que, independientemente del lugar del Estado en el que se viva, todos los ciudadanos tengan derecho a percibir per cápita al menos los mismos recursos para atender la sanidad, la educación y los servicios sociales. Cambios necesarios en la Ley Laboral para atajar el incremento de la desigualdad y acabar con los abusos que se están produciendo por una perversa aplicación de la misma. La reforma de la Constitución para, entre otras cosas, dar una respuesta sensata a las graves tensiones territoriales que tenemos.

Estos y otros objetivos son solo algunos de los muchos asuntos que no van a tener respuesta política en una legislatura que se adivina corta y sin las mayorías cualificadas. No hay mayoría para abordarlas.

En los casi cuarenta años en democracia hemos tenido gobiernos sostenidos por mayorías absolutas, minorías mayoritarias con apoyos puntuales y gobiernos sostenidos en uno de los grandes partidos tradicionales y en fuerzas territoriales, CiU,PNV y CC. Los cambios sociológicos producidos en este último año y el resultado electoral del 26-J cercenan cualquier tipo de acuerdo estable que permita a un Gobierno abordar, entre otros, los asuntos mencionados.

Cuando más necesarios son los grandes acuerdos de Estado es cuando más lejos estamos de alcanzarlos. La voluntad expresada en las urnas por los ciudadanos es toda una invitación al diálogo, a los acuerdo, al consenso. El 26-J es un reflejo de las distintas y diversas sensibilidades sociales, sociológicas y políticas de los que convivimos en el Estado. La legislatura que debería echar a andar cuanto antes no es una legislatura cualquiera. El sistema necesita de una revisión a fondo y hay reglas que hay que cambiar; estamos en una segunda Transición.

Las normas de nuestro sistema de convivencia deben ser modificadas por un amplio consenso en el que nadie se sienta excluido. Sin embargo, no se dan las condiciones para lograrlo. ¿Tan difícil es priorizar cuatro o cinco asuntos de calado estructural que nos permitan actualizar y modernizar nuestra democracia y fijar un horizonte temporal para aprobarlos? Todo apunta a que el sentido común no será la guía que conduzca la convulsa situación política española. Estamos ante una corta legislatura, ingobernable, llena de zancadillas. Se está malgastando un tiempo precioso, la ausencia de soluciones de Estado nos acerca a los problemas de Estado.