La política española está haciendo historia. Cabría decir que el jefe del Estado, como ya hiciera su padre en los años setenta, tiene en su agenda gestionar, en el papel que la Constitución le otorga, una segunda Transición. La realidad ha cambiado y por eso esta legislatura está siendo, en sus primeros y puede que últimos pasos, distinta a todas las anteriores.

Por primera vez en este período democrático que disfrutamos, el Rey está llevando a cabo una segunda ronda de consultas con los partidos que han obtenido representación en el Parlamento para proponer al Congreso de los Diputados un candidato a presidir el Gobierno. No está resultando fácil. No hay antecedentes y tampoco parece que los partidos tengan y ejerzan la cultura de entendimiento y encuentro que hizo posible la Transición.

No hay cultura política en el ámbito del Estado de gobiernos de coalición, al contrario de lo que sucede en el marco de las comunidades autónomas y las entidades locales. A diferencia de estos otros ámbitos, en las Cortes esa dinámica política no está engrasada.

El resultado de las elecciones del 20-D y las líneas rojas fijadas por los respectivos partidos hacen imposible llegar a acuerdos coherentes que permitan un programa de Gobierno compartido y estabilidad parlamentaria. Las pocas opciones que tenía el partido ganador de las elecciones (PP) han quedado sepultadas por los nuevos casos de corrupción que lo atenazan. Con estos elementos es muy difícil, por no decir que imposible, evitar que se precipiten las cosas y se convoquen elecciones otra vez en breve.

La opción de un Gobierno presidido por Pedro Sánchez, con la participación de Podemos y el apoyo parlamentario de otras fuerzas políticas de izquierda y de los nacionalistas, es posible políticamente pero de muy difícil gestión.

A priori, parece que la salida más razonable a la situación es darle otra vez voz a los ciudadanos para que se expresen en las urnas, excepto que por parte de las fuerzas políticas se priorice, por encima de los intereses partidarios, un programa de reformas y modernización de las estructuras del Estado que permita llevar a cabo la regeneración institucional y la recuperación de la confianza de los mismos en la política. Sería lo deseable pero no se ve voluntad, actitud o aptitud por parte de quienes deben propiciarlo.

Si no hay una flexibilización de los postulados que han fijado cada uno es imposible encontrar puntos de encuentro en asunto fundamentales que hay que abordar, como el modelo de Estado, la política económica o el blindaje de los servicios públicos.