Como es de sobra conocido, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dejado en España un enorme stock de viviendas vacías y, lo que es peor, ha destruido cientos de miles de puestos de trabajo en el sector de la construcción.

Según los datos que se han hecho públicos esta semana, España pasó de construir casi 600.000 viviendas al año a los apenas 30.000 visados concedidos en 2013. Hoy en día se está construyendo solo un 4% de lo que se edificaba en 2006 -coincidiendo con el momento de máximo apogeo del sector-. Hay más. En enero y febrero de este mismo año únicamente se contabilizaron 5.309 permisos, un 29,8 por ciento menos que idéntico período de 2013.

La enorme –excesiva- dependencia de la economía española al ladrillo, y el hecho de que muchas de esas viviendas ya se habían empezado a construir cuando las cosas se torcieron, ha provocado entre otros efectos un volumen de 700.000 viviendas nuevas vacías, de las que aún hoy quedan más de 500.000.

Quienes han pagado el mayor precio por el pinchazo inmobiliario y, más concretamente, por la paralización del sector de la construcción, son los cientos de miles de trabajadores que, de la noche a la mañana, se han visto abocados al desempleo y con escasas posibilidades de inserción en otros ámbitos del mercado laboral.

Los datos de distintas entidades, y del propio Ministerio de Fomento, avalan esta preocupante descripción de la evolución de este sector. Así las cosas, desde hace años vengo defendiendo que la rehabilitación –turística, pero también residencial- es el mejor camino, si no el único, para reactivar el sector de la construcción y, consiguientemente, para generar empleo de manera verdaderamente efectiva y significativa.

Si esa receta es válida para todo el Estado, lo es mucho más para Canarias, donde a su tradicional dependencia de la construcción se une una evidente limitación de suelo. Cada vez más voces se suman a esta fórmula que vengo defendiendo hace años. Cada vez son más los operadores que, en público y en privado, admiten que es la rehabilitación el instrumento adecuado para revitalizar la economía, reactivar el sector de la construcción y crear empleo.

Una fórmula que nos acerca al objetivo de generar un buen número de puestos de trabajo pero sin consumir más suelo. Antes, ahora y siempre diré que éste es el mejor camino, quizás el único, para crear mucho empleo en un plazo razonablemente corto; el mejor camino, quizás el único, para impulsar la construcción sin que el precio de esa reactivación sea consumir más suelo.

Los hechos van dando la razón a quienes apostamos por esta vía. Las últimas cifras del Ministerio de Fomento –recogidas días atrás por el periódico económico Cinco Días– señalan que mientras la obra nueva sigue bajo mínimos, los visados de obras para reformas o restauraciones sumaron hasta febrero un total de 3.424 certificaciones, lo que representa un 5,06% más que en el mismo periodo de 2013. De acuerdo con ese análisis, “las series históricas de producción de vivienda nueva y visados para obras de reforma demuestra cómo la rehabilitación es una actividad que se mantiene mucho más constante en el tiempo y es, de esa manera, anticíclica; ya que no está tan influida por la situación macroeconómica y las condiciones de financiación, puesto que el coste de las obras es bastante inferior al de adquisición de una casa”. Hasta tal punto es así que el Gobierno del Estado parece estar trabajando en la elaboración de un plan estratégico que enviará a la Comisión Europea en las próximas semanas. De consolidarse esta línea de actuación, daríamos un paso muy importante para cubrir el principal objetivo de las administraciones públicas en la actualidad: la de crear las condiciones adecuadas para generar empleo.

En el Gobierno de Canarias llevamos trabajando en este asunto desde hace años, especialmente en lo concerniente a la modernización y rehabilitación turísticas. En ese sentido, contamos con líneas específicas de financiación bancaria –hasta 2.000 millones de euros- para proyectos de rehabilitación, que permitirán mejorar la competividad del sector turístico y crear trabajo en la construcción.

Con todo, y pudiendo ocurrir que ésta sea la parte más llamativa de la política de rehabilitación, hay otras medidas igualmente necesarias que están en marcha. Una de ellas, que anuncié en el último Debate sobre el Estado de la Nacionalidad, es la bonificación de dos puntos en el interés de los créditos destinados a la rehabilitación de los espacios comunes de viviendas de propiedad privada -según los datos de la patronal de la construcción, existen unos 85.000 inmuebles privados que necesitan ser rehabilitados para adecuarlos a las nuevas exigencias técnicas-.

Los datos dicen que, efectivamente, estamos en el buen camino; por eso seguiremos insistiendo en la necesidad de generalizar las obras de rehabilitación en estas dos vertientes –turística y residencial-, sin duda una herramienta eficaz y un modo realista de trabajar desde lo público –con la colaboración de lo privado- para generar empleo y riqueza.