La inauguración de la Ciudad de la Justicia en Las Palmas de Gran Canaria simboliza un doble compromiso por parte del Gobierno de Canarias. Por un lado, el de nuestra firme y decidida apuesta por los servicios públicos, por unos buenos servicios públicos, por unos servicios a la altura que los ciudadanos esperan, demandan y merecen. Un Gobierno, el que presido, que cree en lo público; que defiende lo público.

Esto, de una parte. De otra, este edificio simboliza ese doble compromiso al que he aludido porque damos un gran paso hacia una Administración de Justicia moderna y operativa. Muchas son las dificultades, pero aún mayor es el compromiso de superarlas para seguir avanzando hacia una Administración capaz, eficaz.

Con la puesta en funcionamiento de los nuevos juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, damos un paso decisivo en ambas direcciones. Los ciudadanos tendrán a su disposición una infraestructura que da respuesta a las necesidades, al ejercicio de sus derechos. Por su parte, los operadores jurídicos contarán con un espacio apropiado (digno) para desarrollar las funciones que tienen encomendadas.

Desde el año 1997, cuando la Comunidad Autónoma asumió la competencia en Justicia, es mucho lo que se ha avanzado. En todos los aspectos, también en el de los medios materiales. Especialmente a partir de 2003, con la puesta en marcha de la primera fase del Plan de Infraestructuras de la Administración de Justicia de Canarias.

Con este nuevo inmueble, ejemplo de la colaboración entre instituciones, el Gobierno de Canarias agrupa la totalidad de las jurisdicciones existentes en el Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria: Instrucción, Penal, Civil, Social, Contencioso-Administrativa y Especiales (Menores, Vigilancia Penitenciaria, Violencia sobre la Mujer y Mercantil). También todas las Secciones de la Audiencia y la Fiscalía Provincial, y el Registro Civil Exclusivo del Partido.

A partir de este momento, el Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria tendrá capacidad extra para el 60% de los juzgados unipersonales actualmente existentes, y los 54 juzgados operativos hoy día en este partido judicial (distribuidos en quince sedes), se podrá pasar a 84 en este único edificio.

Respecto a las Secciones Judiciales de la Audiencia Provincial, el incremento será del 100% (al pasar de las seis actuales a las doce previstas). A lo que cabe añadir que se ha incluido una planta para albergar a la Dirección General del Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma.
Su ubicación, en una sola sede, mejorará la colaboración entre los diferentes niveles de la Administración de Justicia, reflejando en buena medida la coordinación institucional entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la propia Administración autonómica.

La Ciudad de la Justicia es un proyecto ambicioso, que ha requerido tanto esfuerzo como inversión. Ha merecido la pena, entre otras razones, porque es nuestro deber poner a disposición de los ciudadanos y de la Administración de Justicia todas las ventajas de las nuevas tecnologías, garantizando la interconexión de los Juzgados y Tribunales entre sí y con los operadores jurídicos.

A la vista está, a pesar de las dificultades no hemos dado un paso atrás. Ni un solo paso atrás en nuestra apuesta por lo público por el modelo de bienestar e igualdad de oportunidades que Canarias defiende.

Esta inauguración, y la apertura hace unos meses del nuevo edificio judicial de San Cristóbal de La Laguna, son un paso más. Sin duda, importante; pero, en la voluntad de seguir mejorando, debemos trabajar siempre en la idea de que podemos llegar más lejos. Más lejos en el objetivo de ganar en eficiencia, en calidad.

Ambos edificios suponen un aumento considerable de la superficie destinada a oficinas judiciales (de los 159.000 metros cuadrados actuales, a los 248.000). Con un ahorro, además, de más de dos millones de euros en alquileres.

Las mejoras también han llegado a las funciones administrativas, como así ocurre con la progresiva desaparición del papel en las comunicaciones entre operadores jurídicos y los juzgados.
La llegada de Lex-Net a Canarias supone ahorro y agilización en los procesos judiciales, dado que gracias a este sistema se reducen desplazamientos y acortan plazos. Su implantación ha sido viable gracias a la colaboración inter-institucional, y a la colaboración de los operadores jurídicos. Pero también a la calidad y capacidad de adaptación del Sistema Atlante.

Medidas, todas ellas, que hablan a las claras de la voluntad del Gobierno de Canarias de definir el mejor marco posible para que la ciudadanía ejercite, con plenas garantías, el derecho al acceso a la Justicia. Canarias, en ese sentido, ha hecho los deberes.

Ahora bien, vamos a seguir implantando acciones, planes y programas que permitan una mejora continua en la prestación de un servicio esencial en cualquier estado de Derecho. En ese empeño contamos con el compromiso, profesionalidad y dedicación de todos los operadores jurídicos.
Quiero aprovechar la ocasión para agradecer el trabajo y esfuerzo diario de jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores o graduados sociales (y de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia) por contribuir a ese fin.

Quiero felicitar a cuantas personas han intervenido en la materialización de este proyecto. A los arquitectos, José Antonio Sosa Díaz Saavedra, María Luisa González García y Miguel Santiago Peña, y a las empresas constructoras.

Y, por supuesto, valorar el trabajo del conjunto del Gobierno y, especialmente, el del actual consejero y su equipo. Así como el de los consejeros, viceconsejeros, directores generales y equipos que los precedieron.

Una sociedad será más segura y libre cuanto más eficaz y ágil sea su Administración de Justicia. En ese objetivo, estoy seguro, nos encontraremos hoy y siempre.