En ocasiones las mayorías absolutas acaban provocando que, como está pasando con este PP, un partido con mayoría absoluta acabe absolutamente aislado con su mayoría. Peor aún, en lo que constituye una situación tan atípica como inusual, este PP ha caído en la tentación de aislarse absolutamente desde el mismísimo inicio de la legislatura –recuérdese que Aznar solo incurrió en ese error en el último tramo de su etapa al frente del Ejecutivo; pues, aún contando con una mayoría suficiente, durante buena parte de su presidencia buscó acuerdos con otras fuerzas parlamentarias-.

Semanas antes de las elecciones generales –hace ahora un año- en una charla que ofrecí en Madrid animé al PP a que gestionara con inteligencia la mayoría absoluta que anunciaban los sondeos. Dije en ese desayuno informativo que si el PP caía en la tentación de gobernar absolutamente aislado -renunciando al diálogo y a los acuerdos con los diferentes territorios y con las distintas fuerzas políticas- las turbulencias propias de la crisis económica se agravarían con tensiones sociales y territoriales. Doce meses después, basta echar un vistazo a la realidad de este noviembre de 2012 para concluir que tristemente así ha ocurrido; asistimos a una dinámica preocupante que dada la trayectoria de Rajoy –persona propicia a los consensos y a la colaboración- se vuelve todavía más injustificable.

La voluntad de diálogo del PP nace y muere en los titulares de prensa, algo especialmente grave en un momento que impone la altura de miras y la generosidad –materias primas de los grandes acuerdos- similares a las que hicieron posible la transición.

La actitud del PP no ayuda a afrontar los enormes problemas económicos y presupuestarios que están marcando nuestro presente y condicionando nuestro futuro. Y, así las cosas, nos encontramos con que ahora que los tiempos demandan puntos de encuentro la realidad se mueve en los extremos entre el afán recentralizador del PP –que ha encontrado en la crisis una coartada para desandar lo andado y colocar a España en un esquema competencial preconstitucional- y el separatismo creciente en algunos territorios.

La apuesta soberanista de CiU y los resultados de PNV y Bildu en Euskadi anuncian que, culminado el proceso electoral en Cataluña, más pronto que tarde empezarán a moverse las piezas para encontrar salida al callejón en que unos y otros han metido al Estado.

Cuando las turbulencias electorales pasen, y con ellas las agresiones verbales de estas semanas, quienes ahora abanderan posiciones irreconciliables están condenados a abrir ventanas donde ahora parece no haberlas. Una situación tan extraordinaria traerá consigo respuestas igualmente extraordinarias en el terreno competencial.

Canarias debe subir a ese tren. Si el Estado va a explorar vías extraordinarias para otorgar mayores capacidades a Cataluña y Euskadi, Canarias no puede perder ese tren. Si el Estado va a buscar y apurar fórmulas constitucionales para reconducir los conflictos territoriales actuales o en curso, Canarias debe subir a ese tren. Si Cataluña y Euskadi van a reforzar sus posiciones, Canarias debe subir al tren de las negociaciones que se pongan en marcha. Entre otras cosas, porque si algún territorio merece y necesita que se ponga al día el pacto o contrato que marca sus relaciones con el Estado ese territorio es Canarias.

El Gobierno de Rajoy está condenado a tender puentes. Si no cambia de actitud, si no desiste de hacer política absolutamente aislado –con las encuestas anunciando una pérdida constante de los apoyos que tuvieron el 20-N deben ser conscientes de que esa mayoría absoluta ya está siendo revisada en la calle- va a pasar a la historia por su incapacidad a la hora de encontrar respuestas a los problemas económicos –sus decisiones están provocando más pobreza y menos empleo- y a las tensiones territoriales -propiciando tensiones que están generando desafectos innecesarios en los ciudadanos de algunas comunidades-.

Hay otros caminos. Hay otras vías para afrontar los desajustes territoriales, y el Gobierno del Estado haría bien en reflexionar sobre su posición en el día después al 25 de noviembre, fecha en la que se celebrarán las elecciones en Cataluña.

Guste o no, se admita o no, se reconozca o no, Cataluña y España están obligadas a encontrar una salida, ya sea con una interpretación flexible de la actual Constitución -con la cesión de competencias hoy exclusivas del Estado- o con una reforma de la Carta Magna. Lo que es indudable es que, como he apuntado, al carácter extraordinario de la situación impondrá acuerdos también extraordinarios.

Sea cual sea esa fórmula, en las Islas estaremos muy atentos a cualquier proceso que se abra con Euskadi o Cataluña, básicamente porque en su caso Canarias debe subirse a ese tren para avanzar de forma más que significativa en nuestro autogobierno.

A corto o medio plazo se buscarán soluciones que atiendan las demandas de algunos territorios evitando así rupturas con el Estado. En esa dirección, los canarios merecemos un trato igualmente basado en la bilateralidad y no podemos permitir que se nos deje al margen, como ya ocurrió en la Segunda República a raíz del estallido de la Guerra Civil o en la Constitución de 1978, en la que prácticamente se nos obligó a abandonar la vía del artículo 151.

Canarias no puede quedar fuera de ese eventual proceso reformador y se moverá para poner al día su relación con el Estado. Una relación que necesita un nuevo impulso, una renovación de lo que en alguna ocasión he denominado el contrato Canarias-Estado.

Necesitamos decisiones valientes que permitan corregir el progresivo alejamiento que los canarios sentimos respecto a un Estado que con sus últimas decisiones nos condena a una mayor pobreza y desempleo, obligándonos a sacrificios tan enormes como injustos.

Nuestra realidad archipielágica es bien diferente a cualquier otra realidad española y continental. Sólo a partir de su total aceptación por el Estado podremos encarar un nuevo marco de relaciones que, desde la lealtad institucional, nos permita avanzar en el autogobierno.

No queremos privilegios. Exigimos justicia para un territorio diferente que necesita un trato particular, que tiene derecho a gestionar sus puertos y aeropuertos, sus costas o el comercio exterior con países de su entorno. Un territorio que tiene derecho a construir y decidir su presente y futuro, sin traumas ni amenazas, desde la normalidad y, sobre todo, con la prudencia que nos caracteriza como pueblo.