Llama la atención la escasa o nula visión de Estado con la que el Gobierno de España –el PP- ha interpretado lo ocurrido en las elecciones catalanas. Y sorprende porque, contradiciendo la euforia de los populares, una lectura de Estado concluye necesariamente en que los resultados del 25-N, lejos de desactivar el encontronazo Estado-Cataluña, lo que hará es agravarlo aún más.

Sin embargo, a la vista está que hay quienes disfrazando de éxito –de partido– un fracaso –de modelo de Estado- han alimentado una simplificación casi futbolística de lo ocurrido, y con esos ingredientes anuncian en la noche electoral que el retroceso de CiU implica una victoria por goleada al soberanismo en Cataluña. Se equivocan. Se esté o no de acuerdo con las tesis de los independentistas catalanes, los resultados electorales han dicho, alto y claro, que Mas ha retrocedido pero que el soberanismo no ha dado un solo paso atrás.

Dejándose arrastrar por los eslóganes de partido, olvidan –o silencian interesadamente- que desde la óptica del Estado lo ocurrido en Cataluña y lo que esté por venir cuando eche a andar la legislatura en Euskadi anuncia (como apunté semanas atrás) un recrudecimiento de las tensiones territoriales en España.

Incurren en una mala interpretación de lo ocurrido quienes hacen lecturas partidistas en Madrid y, en lo que constituye una mala copia de esa argumentación, también se equivocan quienes en nuestro Archipiélago han salido en tromba a exigir que en las Islas dejemos de demandar un mayor peso de Canarias en las decisiones estratégicas, o que se incremente nuestra capacidad para gestionar nuestro presente y futuro, fortalecer nuestras instituciones y adelgazar de forma significativa la presencia de la Administración periférica del Estado. En definitiva, poner al día el modelo de relación Estado-Canarias porque, como ha apuntado recientemente el catedrático de Derecho Constitucional, Fernando Rey, “el Estado autonómico es el mejor posible para España, pero hace falta adaptar la organización estatal al modelo autonómico, con menos Estado”.

Eso y no otra cosa es lo que he exigido y seguiré exigiendo. Menos dependencia del Estado y más competencias para generar economía y empleo, para multiplicar nuestra acción en las Islas y en el espacio geopolítico que ocupamos. Y, en esa dirección, estar muy atentos al proceso de diálogo que se abrirá en Cataluña y Euskadi para que también Canarias avance hacia un mayor autogobierno aprovechando las posibilidades que brinda el marco constitucional.

En España se van a ofrecer respuestas excepcionales para afrontar situaciones igualmente excepcionales, y Canarias no debe mirar hacia otro lado ni desaprovechar la ocasión cuando eso ocurra.

Un escenario, el que ha rodeado el antes y después del 25-N catalán, que está enormemente ligado a la crisis económica y a cómo los problemas financieros y presupuestarios han espoleado en los últimos meses un debate político en el que han confluido propuestas sobre la reducción del aparato administrativo público con otras de carácter soberanista. Un proceso abierto que, pese a quien le pese, anuncia cambios a los que hay que estar atentos. Un proceso que el PP, encerrado en su mayoría absoluta, no está sabiendo interpretar ni afrontar.

En primer lugar, porque se empeñó en culpar abierta e injustamente a las comunidades autónomas de los problemas económico-financieros de toda España, achacándoles la responsabilidad del déficit público y, en consecuencia, el peso de los recortes; y, en segundo lugar, porque no calibró la reacción en significados territorios periféricos frente a esa estrategia de involución centralista.

El cóctel resultante ha sido un descontento generalizado en todas las comunidades autónomas con los recursos financieros asignados y el auge de sentimientos –y votos- separatistas –ahí están los Parlamentos que han resultado de las elecciones vascas y catalanas-.

Hay que recordar –una vez más, y las que hagan falta- que el Estado de las Autonomías ha funcionado razonablemente bien, hasta tal punto que ha permitido a España disfrutar del mayor período de bienestar y prosperidad de su historia. No es de recibo, pues, que intenten aprovechar los devastadores efectos de la mayor crisis económica desde la II Guerra Mundial para echar a los pies de los caballos a las comunidades autónomas ni para clamar por una vuelta a un Estado centralista con una distribución competencial preconstitucional.

Es precisamente la Administración General del Estado la que sufre elefantiasis. Es la estructura político-administrativa del Gobierno central la que debe adelgazar, con la eliminación de ministerios u organismos que hoy son innecesarios precisamente porque sus competencias son ejercidas por las comunidades autónomas. Y es conveniente recordar que no es cierto que la recentralización implique más ahorro y una gestión más efectiva del gasto; sencillamente, no es verdad.

Más Canarias y menos Estado. Ese es el camino: menos dependencia, más descentralización. El Archipiélago necesita un impulso en esa dirección, y no vamos a parar hasta lograrlo.

Cabe reiterar que si hay un territorio en España que precise de un trato singularizado, ajustado a su particular condición geoestratégica y merecedor de una atención reforzada, ese territorio es Canarias.

Y de la misma manera que venimos reclamando medidas justas para el Archipiélago, estaremos vigilantes ante cualquier nueva concesión que desde el Estado se pueda articular para el País Vasco o Cataluña. En ese caso, Canarias exigirá ganar también en capacidad para generar economía, crear empleo e incrementar nuestro papel en los países de nuestro entorno.