La forma en que el Gobierno del PP se ha desentendido de los canarios, de nuestras necesidades y problemas, con los datos en la mano es tan grave como injusta e injustificada.

En línea con lo expresado por numerosos agentes económicos y sociales, o por la mayoría de los diputados en la Cámara autonómica, estos Presupuestos Generales del Estado alejan a Canarias de España y condenan al Archipiélago a más pobreza y más paro, a adoptar medidas y hacer esfuerzos que no serían necesarios si contáramos con unos PGE razonables y con un sistema de financiación adecuado.

Muchos de los sacrificios que tendremos que hacer en Canarias no serían necesarios si las Islas recibieran un trato justo en los PGE –y en el sistema de financiación-.

Estos PGE son los peores presupuestos en el peor momento. El Estado –el Gobierno de este PP- ha fallado a los canarios en el peor momento.

Canarias no puede contar con el PP. Sí pueden contar los canarios con el Gobierno autonómico, que ha cumplido, cumple y cumplirá con sus obligaciones, comprometiéndose a multiplicar esfuerzos para garantizar la prestación de los servicios públicos y, a pesar del estrecho margen que tenemos las comunidades autónomas, asumiendo igualmente el compromiso de mover cielo y tierra para impulsar planes de crecimiento y empleo.

Los Presupuestos son, básicamente, una herramienta para avanzar hacia la igualdad de oportunidades en los diferentes territorios y para redistribuir la riqueza atendiendo a los criterios de la cohesión social y territorial, de la justicia social. Esa es la obligación del Gobierno de España, y eso es lo que el Gobierno de España no ha hecho. Así las cosas, no es de extrañar que un año después cada vez más voces consideren que las expectativas que generó el PP se han transformado en desengaño y decepción.

En los últimos meses, el Gobierno del Estado ha venido tomando medidas que torpedean la línea de flotación de la economía canaria –así ha sido en materias tan diversas como el empleo, la formación, el turismo, el transporte, las infraestructuras las energías renovables, entre otras-. Hay quien, siquiera en voz baja, alimenta la tesis de que el mantenimiento del status quo de Canarias es una carga financiera demasiado pesada para España. Un argumento, éste, que se construye para generar la idea de que el esfuerzo del Estado con Canarias constituye, no ya una obligación, sino un ejercicio de generosidad. En esta dirección, con una línea argumental que se mueve entre lo falso y lo perverso hay quien llega a decir –en voz baja, insisto- que España da más a Canarias de lo que Canarias da a España.

¿Es Canarias una carga para el Estado? ¿Atender con justicia, equidad y solidaridad al territorio más alejado del Estado es una losa financiera? Dar respuesta presupuestaria a las necesidades de las Islas, ¿es una obligación del Estado o un acto de generosidad del Gobierno de turno?

Si la discusión se centra exclusivamente en las partidas que recibe Canarias de los presupuestos estatales o en el necesario cumplimiento de la inversión media estatal contemplada en nuestro REF, o si establecemos el coste fiscal de Canarias para el resto de España atendiendo únicamente a esos criterios, el análisis queda incompleto -además de ser tremendamente injusto en términos políticos y sociales-.

Veamos algunos datos que nos van a dibujar un cuadro más certero de las relaciones económico-financieras entre Canarias y el Estado -un coste fiscal que debe ponerse en contraposición con lo que supone el Archipiélago para las exportaciones españolas, por poner solo un ejemplo-.

De acuerdo con datos relativos a 2010 recogidos en organismos oficiales como el INE, la Agencia Tributaria o el ISTAC, si estadísticamente Canarias fuera considerada un Estado figuraríamos como el sexto cliente mundial de España, acaparando el cinco por ciento de las exportaciones españolas -de mayor a menor, los principales mercados españoles serían Francia, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido y Canarias-.

Como se puede concluir con estos datos, el Archipiélago es un mercado de primer nivel para España, con lo que esta circunstancia implica en el trasvase masivo de rentas entre ambos territorios.

Hay más. Canarias importa de España dos tercios del conjunto de sus importaciones, por un montante global de 9.408 millones de euros, y las exportaciones de España a Canarias equivalen prácticamente a todo lo que exporta al continente africano o al 50% de lo que se exporta a América o Asia.

Igualmente significativo es el saldo neto de Canarias a la caja única de la Seguridad Social, que puede rondar un superávit de más de 500 millones anuales.

Son estos solo algunos datos que desmontan que Canarias sea una carga para España. Con ese punto de partida, cualquier inversión del Gobierno de turno en nuestras Islas debe ser entendida como una obligación -enormemente vinculada al interés general, a la vista está- y no como un acto de generosidad.

Con los datos en la mano se demuestra que Canarias es un territorio cuyas características imponen políticas específicas y esfuerzos determinados; ahora bien, a quienes para contrarrestar la creciente sensación de que las decisiones del PP nos están alejando de España argumentan que el Estado bastante hace ya, cabría hacerles ver con datos como los apuntados que España tiene en Canarias uno de los territorios que más riqueza le genera en términos comerciales.