Comentaba en un post anterior los enormes retos a los que se enfrenta Canarias, y me centraba especialmente en las delicadas negociaciones que se nos presentan en el marco de la Unión Europea para definir nuestro encaje el periodo 2014-2020. Advertía, eso sí, de que ésta, siendo trascendental, era una más de las muchas tareas que abordaremos en los próximos meses.

Así, además de los objetivos que nos hemos fijado con respecto a nuestra posición en Europa, sigue estando en lo más alto de nuestra agenda continuar impulsando las líneas estratégicas en las que hemos venido trabajando, asignaturas que se centran en seguir plantando cara a la crisis y a las importantes cifras de desempleo que arrastramos.

Nuestro principal reto para los próximos meses, el objetivo con el que nos hemos comprometido, sigue siendo garantizar el mantenimiento de los servicios básicos (sanidad, educación y políticas sociales) cumpliendo con la UE y el Estado, es decir, con los objetivos de déficit y endeudamiento.

Para ello, resulta primordial convencer al Estado de la necesidad de revisar el sistema de financiación para Canarias, de la necesidad de la convergencia y del equilibrio en el reparto de los fondos autonómicos para garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos de los diferentes territorios.

Lo he dicho ya en reiteradas ocasiones, y lo hago hoy una vez más. La desviación de Canarias con respecto a la media estatal es de 384 euros menos per cápita. Y esa cantidad se dispara hasta los 1.400 euros si tomamos como referencia la comunidad que más recibe.

Baste recordar que Canarias está dejando de percibir más de 800 millones de euros con respecto a la media.

Hay comunidades que reciben más de los que les corresponde; y otras, menos. Canarias es la más perjudicada, pero también tienen este problema Andalucía, Valencia, Murcia o Castilla-La Mancha.

Por ello, he mantenido conversaciones con los presidentes de Valencia, Murcia y Andalucía para reflexionar y analizar la mejor manera de defender nuestros intereses.

Es importante dejar claro que hablamos de justicia, que planteamos una demanda inaplazable, y cargada de sentido común y responsabilidad.

Pero es que, además, este agravio en el déficit de financiación que recibe cada ciudadano canario con respecto a la media nacional se produce, precisamente, con una de las comunidades más cumplidoras del Estado. Canarias no ha dejado de hacer su tarea. Los canarios estamos cumpliendo con el Estado, pero el Estado no está cumpliendo con los canarios.

Como ya he recalcado en ocasiones anteriores, los datos son contundentes:

Las Comunidades Autónomas gestionan el 60% del gasto de todas las administraciones públicas españolas, recursos invertidos en sanidad y educación.

Pese a ello, el endeudamiento medio de las CCAA es del 16%, frente al 72% de Estado.

Sin embargo, el objetivo de déficit marcado por el PP para 2013 reserva un 3,8% del total respecto al PIB para el Estado. El Gobierno de España, gestionando solo el 40% del gasto público total, se permite un nivel de déficit y de deuda desorbitado con respecto a los niveles a los que obliga a las comunidades, que gestionan el 60%. Tanto en déficit como en deuda quieren cinco veces más que las CCAA.

Canarias cumple las condiciones al 100%. Pero el verdadero problema está en la Administración del Estado, un Administración, como he dicho, desfasada, burocratizada y sobredimensionada que tiene que ajustarse a la nueva realidad.

Si el Estado por un lado reconoce el sacrificio que ya ha hecho Canarias y los buenos datos económicos que la avalan, es necesario y de justicia, que -de una vez por todas- equilibre la financiación que recibimos los canarios con, al menos, la media de lo que recibe el resto de ciudadanos españoles. Esa financiación ajustada a la realidad –en los términos que nos corresponde- nos permitiría cumplir nuestros objetivos.

Al iniciar esta Legislatura, los socios de Gobierno rubricamos nuestro programa señalando que nos volcaríamos en generar economía, impulsar el empleo –dentro del estrechísimo margen que las comunidades tenemos- y en arropar a los que menos tienen o no tienen nada, y esos principios -esa declaración de principios- no ha variado un ápice.

Frente a quienes consideran que de la crisis se sale erosionando el Estado del bienestar y la cohesión social, el Gobierno de Canarias apuesta precisamente por los servicios públicos, lo únicos que garantizan la solidaridad, la igualdad de oportunidades, la justicia social.