La reivindicación  de un sistema de financiación propio debe ser una demanda del conjunto de la sociedad canaria. Entre otras razones, porque es imprescindible que el Estado incremente su inversión en las Islas para reforzar nuestra apuesta por los servicios públicos.

¿Control presupuestario a las comunidades autónomas? Como en Cataluña o Euskadi, en Canarias creemos que en Madrid hacen falta gestores, no tutores.

En los últimos días dos cuestiones han suscitado un oportuno debate, animándome a alguna reflexión en alto. De una parte, las reacciones a la demanda de un sistema de financiación propio para Canarias. De otro, que el Gobierno del Estado tenga en su agenda de intenciones aprobar una ley para controlar los presupuestos de las comunidades autónomas.

En una comparecencia, el pasado miércoles, puse sobre la mesa la necesidad inaplazable de que los canarios contemos con un sistema de financiación propio. Canarias es una realidad diferente que requiere un sistema diferente. Otros son los problemas, otras deben ser las soluciones y, en consecuencia, otro el modelo de financiación. Con este punto de partida, la demanda de un sistema diferenciado para las Islas debe ser una meta del Gobierno y del conjunto de la sociedad canaria.

Canarias pide justicia, no privilegios. No puede perpetuarse un modelo, el actual, que mirando a Canarias invierte menos en quienes más necesitan. No puede mantenerse un sistema que tiene a los ciudadanos que más esfuerzo presupuestario requieren por parte del Estado recibiendo menos que otros territorios con menos dificultades estructurales. Canarias no puede cruzarse de brazos ante un sistema de financiación insolidario e injusto, un modelo que consolida las desigualdades y, en esa dirección, debilita la cohesión territorial y la justicia social.

Canarias es la única comunidad autónoma que no ha reducido en el Presupuesto de 2012 los recursos para la Sanidad y la Educación. Nuestro compromiso y apuesta por los servicios públicos es infinita, no así nuestros recursos. Creemos en el esfuerzo, y en ello estamos, pero no en los milagros. El Estado debe incrementar la inversión en Canarias porque nuestros servicios públicos lo exigen y los ciudadanos que los reciben lo merecen.

Algunas voces han respondido a este planteamiento recordando que CC defendió años atrás el sistema que ahora rechazamos. A esas voces cabe trasladarles algunas recomendaciones.

En primer lugar, para aconsejarles que pongan sus cinco sentidos a analizar las propuestas de presente y no lo que se hizo o dejó de hacer hace una década; entre otras cosas, porque en aquel momento se apoyó un sistema de financiación que, no siendo el que queríamos, era sobre el papel el menos malo para Canarias. Sistema que, es cierto, en su aplicación se rebeló injusto con nuestro archipiélago, y así lo hemos reconocido.

En segundo término, cabe animar a que no perdamos el tiempo mirando atrás, porque estaríamos incurriendo en un ejercicio tan estéril como puede serlo pasarnos el día recordando que hace apenas unas semanas se dijo que no se subirían los impuestos. No es ese el camino. Los gobiernos -y los partidos- estamos obligados a gestionar eficazmente el presente, enredarse en el pasado no es el camino para construir el futuro.

Y, por último, cabe igualmente recordar que la crisis ha abierto un tiempo nuevo que exige nuevas recetas e invalida muchas de las anteriores. Con la crisis, fórmulas que antes eran válidas ahora no lo son; ocurre con la política presupuestaria, con las estrategias de empleo y, también, con el sistema de financiación.

Miremos hacia delante y defendamos, con la unanimidad con que lo hacen otros territorios, que sea asunto de Estado que las Islas cuenten con un sistema de financiación propio, justo, adaptado a la realidad económica y demográfica de la Canarias de 2012.

Coincidiendo en el calendario con el debate que ha suscitado la propuesta formulada el miércoles -demanda que ya hice en idénticos términos en el mes de agosto, en esta misma ventana– estos días el Gobierno del Estado ha anunciado una ley para controlar los presupuestos autonómicos. Es deseable que en estos y otros asuntos las relaciones del Estado con las comunidades autónomas se desenvuelvan desde el diálogo, no confrontando. Ahora bien, esa intención anima a recordar que Canarias cumple, que ha demostrado su mayoría de edad haciendo bien los deberes en el terreno presupuestario y, con la autoridad que nos da nuestra solvencia, a decir alto y claro que no se puede tratar como menores a territorios que, como es nuestro caso, ha demostrado su mayoría de edad cumpliendo con las directrices que vienen de la Unión Europea.

Hemos demostrado con hechos que estamos trabajando por sanear las cuentas públicas, y vamos por delante en muchas medidas de ahorro y contención del gasto, pero no podemos mirar hacia otro lado cuando con la coartada de la crisis se proponen leyes que constituyen una falta de respeto a las comunidades autónomas. Apostamos por el entendimiento con el Gobierno central, pero al igual que Cataluña o Euskadi rechazamos que las comunidades autónomas sean tratadas como menores de edad. En Madrid queremos buenos interlocutores y gestores eficaces, no tutores.