La reforma de la Ley debe incluir la participación de Canarias en la gestión de nuestras costas.

Los cambios profundos anunciados este viernes por el ministro Arias Cañete deben incorporar las demandas realizadas, veinticuatro horas antes, por Baleares y Canarias.

El pasado jueves, con motivo de la celebración del primer encuentro Canarias-Baleares, el presidente Bauza y yo coincidíamos en muchos análisis, así como en el enfoque y las medidas que requieren tantas realidades compartidas por ambos archipiélagos. Como acertadamente apuntó el presidente balear, es fácil que dos territorios con nuestras características acumulen puntos de encuentro y, a partir de ahí, que asome la voluntad de colaborar y trabajar conjuntamente en la reivindicación de soluciones adaptadas a nuestras islas.

Coincidencias, a las que aludo, que no acaban en la necesidad de que el Estado intensifique sus esfuerzos para mejorar la conectividad y accesibilidad en ambos archipiélagos, en la demanda de un ‘plan renove’ para el sector turístico, en la incorporación de nuestras comunidades a la gestión de los aeropuertos o en la unánimemente defendida oportunidad de consolidar en el tiempo la bonificación a las tasas aéreas que, en el caso de Canarias, nos ha colocado en los mejores datos turísticos de la última década -datos que tienen aun mas valor en unos momentos en los que los países de la Union Europea viven una coyuntura tan difícil como conocida-.

No acaban ahí las coincidencias, insisto, porque Baleares y Canarias comparten también la importancia de nuestras costas, relevancia que apunta a la defensa de valores medioambientales y de un uso responsable del territorio, sin duda, pero también a la conveniencia de que los gobiernos autonómicos de ambos archipiélagos participemos en la gestión y en las decisiones que afectan a nuestro litoral.

La experiencia demuestra que el desconocimiento de las realidades insulares desemboca a veces en decisiones que se mueven entre la injusticia, la inoportunidad y la torpeza.

Para evitar esos errores, especialmente en lo que se refiere a la gestión de una parte tan sensible del territorio, las decisiones deben ‘acercarse’ al espacio afectado por dichas decisiones, de forma que los gobiernos autonómicos -y en algunos casos las corporaciones locales- seamos actores y no meros observadores en actuaciones muchas veces trascendentales.

Menos de veinticuatro horas después de la demanda que hicimos los dos presidentes en esa comparecencia, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente anunciaba que la norma que delimita el uso publico del litoral sufrirá una reforma muy profunda para ‘poner en valor’ el litoral y, garantizando la seguridad jurídica, para proceder a una simplificación de la normativa medioambiental agilizando los trámites.

Si la actual Ley de Costas tiene los días verdaderamente contados -normativa por otra parte vigente desde 1988, sin apenas modificaciones- hay razones de peso para defender que Canarias y Baleares tengan voz y participación en la reforma en profundidad que ha anunciado el ministro. O, dicho de otra manera, no sería razonable que esa reforma de la Ley de Costas se lleve a cabo sin escuchar a Baleares y Canarias.

No debe olvidarse que hablamos de un elemento muy potente, de una pieza clave para mejorar la competitividad del sector turístico. En esa dirección, es necesario un uso verdaderamente racional de las posibilidades que nos ofrece la costa, el mar. Por eso queremos tener presencia en la gestión de las costas.

Este es un asunto que, como ya dijimos los presidentes de Baleares y Canarias veinticuatro horas antes del anuncio del ministro, estará en la hoja de ruta de los temas que vamos a plantear al Gobierno de España, con el objetivo de buscar un instrumento que nos permita participar para mejorar la gestión de nuestras costas.

Imagen: Costa de Santa Úrsula, por Tomás García (tgarrey)