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Diario de Sesiones

Repasando documentación de hace unos meses me he encontrado con un texto que me ha sorprendido y satisfecho a un mismo tiempo. Sorprendido porque no recordaba una defensa tan ardiente de la delimitación de las aguas de Canarias por parte del Partido Popular; y satisfecho porque, efectivamente, me ha confirmado que el PP sí que ha venido creyendo en esta reivindicación, aunque da la impresión de que de un tiempo a esta parte se le ha olvidado por completo.

Se trata del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de hace ahora un año, el 15 de diciembre de 2009, en el que el diputado del PP Guillermo Mariscal Anaya, el mismo que estos días anda diciendo cosas como que esta ley “no tiene ninguna repercusión práctica” o que no responde a “necesidades reales”, realizaba esta encendida soflama a favor de esta histórica reivindicación del pueblo canario (les pongo aquí sólo algunas de sus frases):

En el día de hoy intentamos sumarnos nuevamente con nuestro voto favorable, como ya hiciera mi compañera María Australia Navarro en el Senado en el año 2003 o mi compañero Pablo Matos aquí en el Congreso en la última admisión a trámite de esta proposición el 28 de junio de 2005. Como digo, quisiéramos sumarnos a la edificante y no menos necesaria tarea de dar un nuevo y renovado impulso político a esta iniciativa de gran importancia estratégica para los intereses generales de Canarias, dada nuestra condición ultraperiférica, y por ende también de extraordinaria importancia para España”.

No está de más hacer referencia a la inexistencia de aparente obstáculo jurídico a la hora de articular la delimitación de los espacios marítimos de Canarias, considerando particularmente la última sentencia dictada por la Sección quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en julio de 2008. Dicha sentencia estableció que no hay ningún impedimento legal en el derecho internacional para que el Estado trace las líneas exteriores de Canarias con vistas a definir la titularidad de las aguas archipielágicas”.

Por tanto, ni la Convención de Naciones Unidas de Montego Bay de 1982 ni la legislación internacional impiden a España trazar las líneas archipielágicas de Canarias con el fin de declarar las aguas como españolas archipielágicas. Tampoco hay impedimento alguno para el desarrollo de la Ley 15/1978, que en su artículo 1 —cito textualmente— dice que en el caso de los archipiélagos el límite exterior de la zona exclusiva se mediría a partir de las líneas de base rectas que unan los puntos externos de las islas e islotes que respectivamente los componen, de manera que el perímetro resultante siga la configuración general del archipiélago”.

Quisiera decir que no es preciso explicar y resaltar aquí, por manifiesta obviedad, la crucial y decisiva importancia que la delimitación de los espacios marítimos de Canarias guarda para la seguridad transversal de las islas en su vertiente jurídica de protección medioambiental, en materia de control delictivo, etcétera, teniendo en cuenta además que gozamos de una situación geoestratégica que nos convierte en ruta marítima de paso obligatorio”.

No podemos convertir este asunto de extraordinaria relevancia para todos los españoles en un mar de confusión donde no prevalezca el interés general para la defensa y garantía de ese mar que forma parte de nuestra identidad, que nos separa y que nos une, tan canario”.

Es decir, que lo que para el Partido Popular era hace un año una “iniciativa de gran importancia estratégica para los intereses generales de Canarias”, de “crucial y decisiva importancia para la seguridad transversal de las islas”, “sin obstáculo jurídico” y sobre el que no se debe verter “un mar de confusión donde no prevalezca el interés general para la defensa y garantía de ese mar que forma parte de nuestra identidad, que nos separa y que nos une, tan canario”, ahora resulta que no tiene “ninguna repercusión práctica” y se trata de un “rumor de celebración” con el objetivo de servir de “anestesia” para “las necesidades reales” de los canarios, una “ocurrencia” que ha venido en llamar “aguas canarias” a las olas que golpean contra nuestras costas.

Nosotros, los nacionalistas, hemos defendido siempre, hace 20 años, 365 días y hoy también la delimitación de las aguas de nuestro archipiélago por convicción y, por tanto, nos resulta imposible ir dando bandazos en torno a este y, en general, todos los asuntos que forman parte de nuestro ideario. Es algo que suele denominarse ‘coherencia’. Y ahora, que al fin hemos logrado que el Estado atienda, con carácter de ley, esta histórica reivindicación, lo celebramos como se merece y nos comprometemos a seguir profundizando en su desarrollo.

Ninguna de las condiciones para defender este derecho ha cambiado de un año a esta parte: el Gobierno central sigue siendo el mismo, las aguas canarias siguen en su sitio, el derecho internacional no ha cambiado (al menos sustancialmente), Guillermo Mariscal sigue siendo del PP… entonces, me pregunto, ¿qué es lo que ha cambiado en el PP para que ahora niegue lo que antes defendía con tanto ímpetu? ¿Qué les ha pasado? Y, la verdad, no sé si tendrán alguna respuesta.

Les dejo en formato PDF el citado Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (está entre las páginas 14 y 15) y la intervención concreta de Mariscal para que ustedes puedan comprobarlo por sí mismos: