Hay que cambiar las reglas de juego de nuestro sistema democrático. Estamos ante situaciones no previstas en la Constitución del 78, ante un escenario sin precedentes que los partidos no saben abordar. O fallan los mecanismos o fallan los partidos. Tanto da porque, desgraciadamente, la consecuencia es la misma y no es otra que condenar a España, y a sus ciudadanos, a que 2016 sea un año perdido.

Un año perdido porque con una Administración General del Estado atada de pies y manos, sin margen más que para adoptar decisiones estrictamente ordinarias, tanto el país en su conjunto como las distintas comunidades autónomas, cabildos o diputaciones y ayuntamientos ven su gestión limitada por la parálisis de las más altas instancias políticas de decisión, tanto en el ámbito presupuestario como legislativo. La iniciativa del Gobierno de España está, por ley, limitada. De esta manera, una consecuencia es que tristemente también queda limitada la capacidad e iniciativa del resto de las administraciones.

La ruptura del bipartidismo clásico que facilitaba gobiernos de mayorías construidas entorno al PP o al PSOE y la fallida sesión de investidura de Pedro Sánchez, que prolonga la interinidad del Gobierno en funciones, son solo dos botones de muestra. No se está sabiendo hacer política en el escenario actual. Además, el conflicto que se ha abierto entre el Gobierno en funciones y el Congreso, sobre si aquél está obligado a ser controlado por los diputados surgidos de las elecciones del 20-D, incrementa la incertidumbre.

Este último episodio, el insólito choque entre Gobierno en funciones y Parlamento, vaticina un periodo de abierta hostilidad entre el nuevo Parlamento y el cesante Gobierno. Un motivo de peso -otro más- para urgir a las formaciones políticas a intensificar el diálogo para desbloquear la situación.

Apuntaba en mi comentario del pasado domingo que había que buscar un punto de encuentro entre las fuerzas políticas para modificar y adaptar a la nueva realidad unas reglas de juego que no dan respuesta a la nueva problemática. El enconamiento entre los intereses de los partidos hace que la provisionalidad y la incertidumbre se alargue.

En este escenario alguien tiene que asumir la responsabilidad de sentar a las partes en la búsqueda de un acuerdo, aunque sea de mínimos. ¿El presidente del Congreso?, ¿el Jefe del Estado? Un Estado con cinco millones de parados y con un descontento social comprensible no puede permitirse el lujo de que sus representantes sigan jugando al politiqueo y no a la política con mayúsculas.

Todos, por acción u omisión, están protagonizando un bloqueo político que está pasando ya las facturas a España y a unos ciudadanos a los que se ha condenado a sufrir las consecuencias de que el 2016 sea un año perdido.