¿Por qué desde la Península se arremete contra los canarios y no contra los baleares?

La historia de las autorizaciones a Repsol para realizar prospecciones –y extracción- de petróleo en aguas de Lanzarote y Fuerteventura es una historia plagada de despropósitos, de soberbia, de mentiras y medias verdades, de deslealtad institucional, de desprecio a todo un pueblo y de graves irregularidades.

Un proceso que ha tenido en las últimas fechas tres episodios especialmente lamentables: la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental la víspera del Día de Canarias, la autorización del Ministerio de Industria en pleno puente de agosto y las declaraciones del presidente Mariano Rajoy defendiendo para Baleares lo que no defiende para Canarias.

Las reacciones a esa autorización han sido múltiples y relevantes. Al margen del propio Gobierno de Canarias, voces como las de los presidentes de los cabildos afectados, patronales turísticas, colectivos ecologistas y ciudadanos, y la inmensa mayoría de la sociedad canaria han expresado su profundo rechazo y su denuncia de lo que a todas luces indica que es un proceso caprichoso y viciado.

Voces que ponen en duda la legalidad del proceso, las dudas acerca de las verdaderas motivaciones que lo sustentan y, sobre todo, el profundo menosprecio a la voluntad de todo un pueblo, expresada a través de la práctica totalidad de sus instituciones representativas, del debate social y de históricas movilizaciones en las calles de todas las Islas.

Voces que advierten también que, de continuar adelante con este desatino, las consecuencias, desde el punto de vista político, social, económico, medioambiental son incalculables. Para el Archipiélago, pero también para aquellos que lo han promovido y defendido, haciendo oídos sordos a la voluntad popular, Repsol y sus accionistas incluidos.

Ante esto, he recordado esta semana que el Gobierno de Canarias no va a quedarse de brazos cruzados. Tres son las vías que actualmente tenemos en marcha para proseguir en nuestra lucha por la paralización de los sondeos: jurídica, política y social.

Desde el punto de vista jurídico, actualmente tenemos dos procedimientos en marcha. Por un lado, un incidente de nulidad contra el fallo del Supremo que avala los permisos y, en su caso –es decir, ante una respuesta negativa-, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por otro, un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía, del Ministerio de Industria, y posterior solicitud a los tribunales de la adopción de medidas cautelares.

En el plano político, sigo pendiente de las reuniones que he solicitado con el Rey y con el propio Rajoy. Espero que ambas se puedan celebrar en el mes de septiembre, ya que los respectivos gabinetes se encuentran en estos momentos trabajando para cerrar las fechas.

Felipe VI debe conocer de primera mano lo que está ocurriendo con Canarias. Rajoy debe manifestar claramente cuál es su posición ante el clamor de este territorio del Atlántico.

Del mismo modo, el Consejo de Gobierno ha solicitado al Parlamento de Canarias la celebración de un pleno extraordinario la primera semana de septiembre para debatir una comunicación sobre las autorizaciones.

Y, en el marco social, seguiremos adelante e incrementaremos los contactos y reuniones con todos los partidos -parlamentarios y extrapalamentarios- y con la sociedad civil para reforzar ese frente común contra este atentado.

Lo dijimos desde un primer momento. Esta no va a ser –no lo está siendo- una batalla fácil. A la indiferencia del Estado y la incompresible posición del Partido Popular a favor de una actividad que amenaza seriamente nuestro futuro, hay que añadir el enorme poder económico de Repsol y las presiones del Ministerio.

Ahora, desde algunos ámbitos peninsulares, se busca desprestigiar, subestimar y despreciar la legítima aspiración del pueblo canario por un futuro con garantías, próspero y sostenible.

¿Por qué desde la Península carga contra Canarias y no contra Baleares? ¿Qué se esconde detrás de esta nueva campaña? No es difícil de adivinar.

Hay una campaña para desacreditar y ridiculizar el rechazo de los canarios a los sondeos, pero la información corre hoy por múltiples canales distintos a los tradicionales. Se equivocan. Pinchan en hueso.

La consulta es legal y se va a hacer, porque queremos que los canarios expresen su opinión y porque la iniciativa se atiene escrupulosamente al marco constitucional.

Los canarios ni vamos a bajar los brazos ni vamos a dar un paso atrás porque desde Madrid algunas voces carguen contra nosotros. Cientos de miles de canarios no vamos a dar un paso atrás. Todo lo contrario, nos crecemos.

Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes nuestro mar, y los cientos de miles de empleos que el petróleo pone en riesgo.

Insisto. ¿Por qué en la Península se arremete contra los canarios por nuestro rechazo y, sin embargo, aplauden con entusiasmo el de Baleares?

¿Cuál es el compromiso de Caixbank o Sacyr con Canarias?