Las enormes dificultades de los últimos años han debilitado el bienestar de los ciudadanos en buena parte del Estado; o, lo que es lo mismo, apostando por otro modelo de sociedad -que no comparto- Madrid no ha tenido en la cohesión social uno de sus compromisos primordiales. En unos casos por culpa de la crisis, y en otros utilizando la crisis como coartada, en España -en general- y en algunas comunidades autónomas -en particular- se han debilitado los servicios públicos -que son, no me cansaré de repetirlo, lo único que tienen los que menos tienen-.

No ha sido así en Canarias, donde desde el primer momento decidimos defender contra vientos y mareas presupuestarias los servicios esenciales, abanderando –con importantes sacrificios por parte de todos, sin excepción- la justicia social que esos servicios garantizan.

No ha sido fácil. No está siendo sencillo. No puede serlo cuando, con los Presupuestos Generales del Estado en la mano, se demuestra que el Gobierno de España ha recortado de forma desgraciadamente significativa las políticas sociales –obligándonos a las comunidades a un esfuerzo titánico para poder dar respuesta, con más compromiso que recursos, a las demandas y necesidades de los ciudadanos que peor lo están pasando-.

Claro que la crisis, cuyos peores efectos empezamos a dejar atrás en Canarias demostrando que otro camino era posible frente a las recetas del Estado –tomando medidas para la recuperación, pero sin desatender lo público-, no ha sido sólo económica. También política e institucional. También territorial.

Porque también se ha evidenciado una quiebra de la confianza ciudadana en sus representantes e instituciones. La conjunción de muchos factores ha provocado el desánimo y el distanciamiento respecto a la política por parte de la ciudadanía. La sociedad exige regeneración democrática y, sin duda, una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, especialmente en aquellos asuntos que son determinantes para su presente y futuro.

La sociedad pide una democracia más participativa, una dinámica que sin duda puede ayudar a rescatar a la política de la burbuja de cristal en la que, a ojos de los ciudadanos, se encuentra en la actualidad. Un mayor protagonismo de la ciudadanía en la gestión y decisión de los asuntos públicos –una mayor participación- es básico para que la sociedad entera –especialmente las jóvenes generaciones- puedan reencontrarse con la política.

Desde esa perspectiva, una mayor implicación de la ciudadanía no solo resulta aconsejable, sino imprescindible para avanzar hacia un mejor modelo de organización política.

De la crisis de la política se sale con más política, con más participación. Una mayor participación fortalece la democracia y mejora la política. Los ciudadanos deben tener un mayor espacio en las decisiones colectivas, y eso se consigue favoreciendo su participación.

Hoy en día existe una coincidencia teórica y generalizada en el sentido de considerar que el papel de la sociedad en política no debe limitarse exclusivamente a los procesos electorales, sino que la cita con las urnas ha de ser sólo un hito más en una relación que ha de ser constante, activa y vinculante. Quienes tenemos responsabilidades públicas debemos facilitar esa participación, promoviendo todas las iniciativas que sean precisas para hacerla viable y eficaz.

En el Gobierno de Canarias trabajamos actualmente en el proceso participativo que habrá de culminar con la elaboración del reglamento de la Ley 5/2010 de 21 de junio de Canarias, de Fomento a la Participación Ciudadana. También, por primera vez en la historia del Archipiélago, se ha acometido un proceso participativo desde el principio para elaborar la Ley Canaria de Transparencia, que nacerá de las aportaciones ciudadanas. Para ello, se celebraron 13 foros presenciales por el Archipiélago, gracias a los que se han incorporado más de 1.300 aportaciones.

Un trabajo que habrá de completarse con otras medidas que favorezcan efectivamente la participación directa de la ciudadanía. Porque si bien la democracia participativa no puede sustituir a la democracia representativa, ésta no ha de ser obstáculo para la movilización ciudadana en asuntos de interés común.

En ese sentido, una de sus manifestaciones más puras es la consulta o referéndum. Si estamos de acuerdo en la necesidad de incrementar la calidad de la democracia, obligatoriamente también coincidiremos en que escuchar la voz de los ciudadanos en determinados asuntos de especial relevancia es inapelable desde ese mismo punto de vista.

El Gobierno de Canarias ha promovido una consulta, avalada ya por el Parlamento de Canarias, para que los canarios digan si están de acuerdo o no con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras Islas. Debemos escuchar la opinión de los ciudadanos sobre un asunto que les afecta directamente.

Son evidentes las diferencias de criterio entre los partidos políticos, entre las instituciones o entre la comunidad científica. Hay posiciones encontradas sobre una propuesta que compromete el futuro del Archipiélago. Por eso, entre otras cosas, la petición de consulta al Gobierno de España debe ser atendida. Primero, porque es una petición legal y legítima; y, segundo, porque nadie que tenga convicciones democráticas puede denostar una propuesta que persigue escuchar a la ciudadanía, dándole voz en un tema de especial trascendencia.

El Gobierno de España tiene sobre la mesa la oportunidad de demostrar su grado de implicación con la democracia participativa y con la regeneración que los ciudadanos están pidiendo.