“De producirse en el ámbito de las prospecciones previstas en el R.D. 547/2012 vertidos de hidrocarburos causarían un importante impacto medioambiental ya que podrían verse afectados ecosistemas con valores naturales de gran interés y la rica biodiversidad marina existente en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, pudiendo ser dañadas igualmente otras islas del archipiélago canario. Comunidades marinas y de costa con un alto interés ecológico podrían verse afectadas. Los daños se extenderían al ámbito económico y, todo ello, repercutiría en el bienestar de la población (…) Se pone igualmente de manifiesto que las actividades de perforación y prospección causan también afecciones medioambientales”.

La Unesco, en su `informe MaB´ (PDF), se ha pronunciado contra las prospecciones petrolíferas en Canarias. Y lo ha hecho en unos términos tan nítidos como contundentes.

Actuar desoyendo el informe del Consejo Científico del Comité Español del Programa Hombre y Biosfera, adscrito a la Unesco, es actuar contra el interés general de Canarias. El Gobierno del Estado no puede mirar hacia otro lado. Dicho informe lo deja claro: las prospecciones supondrían un daño enorme a Canarias.

Hay más. Es que seguir adelante con las prospecciones supone ir contra un informe que, aprobado por el Consejo Científico el 19 de septiembre, ahora han asumido los ministerios de Economía, Industria y Agricultura. Sí, así es. Hasta tres ministerios han asumido íntegramente dicho informe, pues representantes de los citados ministerios forman parte del Comité MaB español -órgano adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-; representantes que asumieron en su totalidad ayer, 24 de septiembre, el contenido del documento.

Siendo enormemente recomendable la lectura completa del `informe MaB´ de la Unesco, basta detenerse en el texto que literalmente he reseñado con anterioridad para hacerse una idea de las posibles consecuencias que tendrían para nuestras islas las prospecciones petrolíferas aprobadas por el Gobierno de España en las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

Líneas, a las que aludo, que no han sido redactadas por el Gobierno de Canarias ni por los cabildos o ayuntamientos de las islas afectadas. Tampoco por los colectivos ecologistas y ciudadanos que se oponen a ellas. Son las conclusiones de un informe del Comité Científico del Programa MaB (Man and Biosphere) de la Unesco, integrado por científicos de reconocido prestigio y diversas instituciones y colectivos, entre los que se encuentran, nada más y nada menos, que representantes de los ministerios de Medio Ambiente e Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España.

El informe es demoledor y alerta de los graves perjuicios que para nuestro presente y futuro tendría esta actividad –informe que, insisto, cuenta con las bendiciones del propio Ministerio de Industria y Energía- no sólo en el ámbito medioambiental, sino también en el económico e incluso en el de necesidades básicas como el abasto de agua potable, que en las islas orientales depende directamente del agua del mar.

Además, el estudio deja patente que los efectos de posibles vertidos tendrían consecuencias no sólo para Lanzarote y Fuerteventura, sino muy probablemente también para el resto de las islas que conforman nuestro archipiélago.

Reitero que se trata de un informe elaborado por un organismo adscrito a la Unesco y, por tanto, con el rigor y la independencia que esta organización, dependiente de las Naciones Unidas, representa.

En concreto, el informe señala como principales impactos el riesgo de contaminación del agua desalada, la destrucción directa de comunidades de los fondos marinos, contaminación de estos fondos, efectos directos (letales) e indirectos sobre los animales marinos y la flora marina y costera, afectación de espacios y especies protegidas, impacto sobre la calidad de las aguas, así como sobre la economía y el modelo de desarrollo:

“Las islas de Fuerteventura y Lanzarote, e igualmente las restantes del archipiélago, han apostado por un modelo de desarrollo sostenible, potenciando la conservación del medio ambiente, su uso sostenible, la incorporación progresiva de energías renovables, etc. Su economía está basada en gran medida en el sector turístico, orientándolo hacia un turismo responsable. Accidentales derrames de hidrocarburos podrían afectar, como se ha visto, a la biodiversidad de estas islas, a su patrimonio natural, y en definitiva a este sector no sólo al de intereses medioambientales sino también al de sol y playa por las posibles contaminaciones de las playas. La publicación del Decreto ha despertado mucha preocupación en el sector”.

Con este informe en la mano, el Gobierno de España debe reconsiderar su postura y paralizar de forma urgente la concesión que permite a Repsol realizar prospecciones en nuestras costas.

Las conclusiones expuestas en el estudio son de tal gravedad que cualquier otra postura por parte del Ejecutivo que preside Rajoy constituiría un desprecio absoluto por la salud, el bienestar, la integridad y el desarrollo futuro de nuestro archipiélago.

Frente a los argumentos manejados por Repsol y el PP, estos informes científicos –éste del MaB de la Unesco, pero también todos los que se han ido exponiendo en los últimos meses- evidencian la enorme peligrosidad que conllevan las prospecciones en nuestras costas.

Ignorarlos es ignorar a Canarias. Despreciarlos es despreciar a los canarios.

España, el Gobierno del PP, debe rendirse a la evidencia y paralizar de una vez por todo este grave atentado contra nuestra tierra y nuestra gente.

• Incidencia de las prospecciones petrolíferas en las islas orientales del archipiélago canario (PDF)