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Los acontecimientos en Cataluña han alcanzado una velocidad de vértigo, especialmente después del contundente mensaje del Rey, en la noche del 3 de octubre. El Gobierno de Mariano Rajoy asumió ya sin medias tintas su responsabilidad, el PSOE dejó de esconderse en la ambigüedad, los poderes económicos empezaron a moverse, los medios de comunicación catalanes giraron sus líneas editoriales, la sociedad comenzó a movilizarse, la Justicia aceleró el paso y la Unión Europea, firme en la idea cortar en seco un hipotético rebrote de los independentismos, cerró las puertas a cualquier reconocimiento que amenace su integridad.

Aunque la complejidad del problema exige abrirse a que aparezcan nuevos elementos que alteren el curso de los acontecimientos en esta recta final del proceso, todo parece indicar que nos acercamos a dos escenarios. De una parte, a la convocatoria de unas elecciones anticipadas en Cataluña; de otra, al previsible impulso que se dará al grupo de trabajo creado en el Congreso para llevar a cabo una propuesta de reforma de la Constitución del 78.

Los últimos cinco años vividos o sufridos en Cataluña, tan sorprendentes e inéditos como tortuosos, se cerrarán aplicando la legalidad y convocando a los ciudadanos a las urnas, dejando de esa manera atrás solo una parte de las tensiones, porque en muchos ámbitos el sosiego y la convivencia tranquila de las diferentes sensibilidades políticas serán valores irrecuperables durante muchos años. El deterioro que está sufriendo la economía catalana irá quedando también atrás; se recuperará, poco a poco, desde que se produzca una situación de normalización en el funcionamiento de las instituciones autonómicas y estatales con competencias sobre el territorio. Más difícil será superar el resentimiento y el desafecto que se ha anidado en una parte de la sociedad catalana hacia el resto de España y de ésta con aquella.

Forzados por el grave problema creado en Cataluña, los partidos políticos del Estado abordan la elaboración de una propuesta de reforma de la Constitución en el seno de la subcomisión creada en el Congreso. El mensaje del Rey produjo un tsunami en el interior del PSOE que obligó a Pedro Sánchez a moverse y a posicionarse claramente con el Gobierno, en defensa de la Constitución y de la legalidad. En el acto de la escenificación del apoyo del PSOE al Gobierno -la reunión de Rajoy y Sánchez- éste arrancó al presidente el compromiso de poner en marcha la subcomisión en el Congreso para la reforma de la Carta Magna. Hasta ese momento, el PP siempre se había mostrado poco receptivo a la hora de considerar siquiera como una prioridad los cambios constitucionales -los populares siempre han exigido que previamente se identificara que artículos se pretendía modificar-.

El reconocimiento del papel que ha jugado la Constitución del 78 para que España haya tenido un largo período de estabilidad y progreso económico y social es generalizado. Empieza también a ser generalizada la opinión que después de cuarenta años es necesario abordar cambios en la misma para adaptarla a la nueva realidad que estamos viviendo.

El trabajo que tiene por delante la subcomisión encargada de elaborar una propuesta -para elevarla a la Comisión Constitucional del Congreso- es de una enorme complejidad. Las posiciones de partida parecen claras en el PP y Ciudadanos. No se ven con tanta nitidez -al menos inicialmente- la posición de Unidos Podemos y la del PSOE.

Especialmente importante para abordar con éxito la necesaria reforma de la Constitución es la posición del PSOE. A pesar de los intensos debates que han tenido los socialistas, no se adivina con facilidad cuál es su modelo de Estado. En la conocida como Declaración de Granada -en 2013- parecía que los socialistas daban por cerrado el debate. Sin embargo, a priori el reconocimiento a un Estado Federal y asimétrico que defiende Sánchez poco tiene que ver con el que defiende Susana Diaz. Es necesario en el proceso de reforma que se abre el posicionamiento sin fisuras del PSOE.

Sería un contrasentido abordar la puesta al día de la Constitución sin el reconocimiento a las singularidades de sus distintos territorios. De todas las singularidades del Estado, la única que tiene un reconocimiento expreso en el Tratado de la Unión Europea es la lejanía e insularidad de Canarias. En la Constitución del 78 los derechos históricos de Canarias no quedaron bien anclados. La reforma constitucional que se avecina debe reconocer expresamente los derechos históricos del Archipiélago, un ámbito de competencias adaptadas a nuestra realidad geográfica y el mar de Canarias.

Esta realidad objetiva debería ser la guía que marque a los partidos políticos de España la actualización de la Carta Magna y nunca la presión política, mediática, social o económica de alguno de sus territorios.