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La respuesta a una pregunta del senador Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha permitido conocer por primera vez el coste de la política de freno a la inmigración irregular aplicada por el Gobierno de José Luís Rodriguez Zapatero. En lugar de levantar vallas como en Ceuta y Melilla, o de interceptar embarcaciones en alta mar como en el Mediterráneo, se buscó frenar en orígen la salida de embarcaciones con inmigrantes irregulares, desplegando de destacamentos de la Guardia Civil coordinados con las fuerzas de seguridad locales.

Aunque los datos no son exhaustivos -no abarcan la totalidad de los países de origen o el tránsito de inmigrantes- incluyen los dos países de los que partían la mayoría de los cayucos hacia Canarias -Mauritania y Senegal- y los únicos donde se han aplicado con amplitud las ayudas económicas a la cooperación para plantar cara a la inmigración ilegal. En la respuesta se indica que en 2005, antes de la crisis de los cayucos, Mauritania y Senegal recibían menos de 500.000 euros  en concepto de ayuda al desarrollo, dándose la circunstancia de que a partir de 2009 las autoridades de Nuakchot recibieron entre 10 y 15 millones anuales y las de Dakar entre 5 y 10.

En total Mauritania ha recibido 108,45, de los que 88,6 millones se han destinado al control de fronteras y 19,8 a la ayuda al desarrollo.En el caso de Senegal la asistencia española (59,7 millones en total) se ha repartido entre el control de fronteras (34,9) y la cooperación al desarrollo (24,8). El plan contempla el despliegue de la Guardia Civil en el puerto de Nuadibú (Mauritania) dos patrulleras de 30 metros y un helicóptero del Servicio Aéreo de Rescate, desplazándose periódicamente un buque oceánico y un avión CN-235 de patrulla marítima. Además, se ha donado cuatro embarcaciones a la Gendarmería Nacional mauritana e instruido a sus tripulaciones. El destacamento cuenta con unos 25 agentes.

En Dakar la Guardia Civil cuenta con dos embarcaciones de 30 metros con carácter permanente y un buque oceánico  y un avión CN-235 que acuden con periodicidad. El destacamento lo integran 15 agentes. Los gastos sufragados por España incluyen la instrucción de las fuerzas de seguridad locales, el combustible y mantenimiento de las embarcaciones, así como dietas y costes operativos. La cooperación se extiende también al control de fronteras terrestres y la lucha contra el yihadismo mediante programas como el GAR SI Sahel, liderado por un coronel de la Guardia Civil y financiado por la UE.

El periódico El País publicaba la pasada semana la respuesta dada al senador de Bildu bajo el título “España ha gastado en 12 años 168 millones en frenar la llegada de cayucos a Canarias”. El enfoque que merece es otro bien distinto. Mas que un gasto parece una propuesta responsable y necesaria llevada a cabo por el gobierno español con la colaboración de la UE.

El despliegue del plan África II propició un despliegue diplomático sin precedentes en África, la puesta en marcha de la colaboración efectiva entre las fuerzas de seguridad española y las locales de los países de origen de los inmigrantes, inversiones en políticas de cooperación para facilitar la mejora de las condiciones de vida en origen y, lo más importante, una sustancial disminución de las muertes en el mar.

El Atlántico medio se había convertido en un cementerio -parecido a lo que ahora ocurre en el Mediterráneo- y era necesario adoptar medidas de control, imaginativas y humanitarias. Un camino a seguir fue reforzar las medidas represivas, el otro apostar por medidas que tuvieran en cuenta la protección y atención de quienes huían del hambre y de la miseria adoptando más controles en origen.

La clave era y es mejorar las condiciones de vida de quienes viven en África. Ese y no otro debe ser el camino. Por eso España y Europa no han gastado en Africa. Han hecho y deben seguir haciendo una magnífica inversión.