El 16 de marzo de 2012 el Consejo de Ministros autorizó a la multinacional Repsol las prospecciones frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, retomándose de esta manera los permisos que se le concedieron en 2001. Con dicha autorización del Gobierno de España -el PP gobernaba en ese momento con mayoría absoluta- arrancó un conflicto tan duro como duradero entre Canarias y el Estado, prologándose la tensión entre ambas Administraciones hasta que Repsol anunció -en enero de 2015- que renunciaba a seguir buscando petróleo en aguas de Archipiélago.

El trato colonial que dio el Gobierno de España a Canarias, menospreciando la posición de nuestro Parlamento, del Gobierno, de la FECAI y de la FECAM, así como de una infinidad de colectivos ciudadanos, provocó la mayor contestación social que se haya dado en la historia de esta tierra. Ciudadanos de todas las Islas, sin excepción, se echaron a la calle. Canarias fue una sola voz. Una amenaza que afectaba más directamente a las dos islas más orientales fue percibida y rechazada con idéntica intensidad en las restantes.

Ahora bien, la renuncia de Repsol a continuar con las prospecciones no garantiza que los recursos naturales que hay o puedan haber en las aguas próximas al Archipiélago no despierten el interés de otras multinacionales; o que, caso de ocurrir, vuelva a vivirse un conflicto vivido con las prospecciones. En el objetivo de evitarlo, el mejor camino para eludir conflictos entre Canarias y el Estado es disponer de los instrumentos jurídicos que garanticen la plena autonomía de Canarias -en el marco del Estado español y la Unión Europea- y el respeto a las instituciones de nuestras Islas.

La necesidad de contar con dichos instrumentos jurídicos vuelve a ponerse de relieve a raíz del hallazgo de telurio por una expedición internacional liderada por el Centro Oceanográfico Nacional del Reino Unido, en este caso en un monte submarino situado al suroeste de El Hierro. ¿Compartirá el Gobierno de España las posibles decisiones sobre dicho hallazgo con el Gobierno de Canarias? ¿Respetará el gobierno español la posición que mantengan las instituciones de las Islas? El marco para canalizar estas situaciones lo podemos encontrar en la Ley de Aguas Canarias de diciembre de 2010, en el Estatuto de Autonomía remitido al Congreso en 2014 y en la carta enviada al presidente Rajoy en enero de 2015 -sin respuesta conocida-, documento del que continuación me permito transcribir algunos párrafos:

Estimado Presidente:

El pasado 15 de enero el Gobierno de Canarias acordó solicitar de tu Gobierno información sobre el proceso de ampliación de la plataforma continental del Estado al oeste del Archipiélago, así como de cualquiera que se refiera a delimitación de espacios marítimos en aguas canarias con terceros Estados. Este proceso se inició en 2009 pero el Gobierno de Canarias no tiene información oficial sobre esta cuestión, pese a que el artículo 38 de nuestro Estatuto de Autonomía dispone que “la Comunidad Autónoma será informada en el proceso de negociación y elaboración de los tratados y convenios internacionales y en las negociaciones de adhesión a los mismos, así como en los proyectos de legislación aduanera en cuanto afecten a materias de su específico interés. Recibida la información, el órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma emitirá, en su caso,su parecer”.

Además,el artículo 50 de la Ley 25/20/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, recientemente aprobada, establece el deber de información en similares términos. Dicha Ley, en su artículo 2.a) entiende por “tratado internacional” aquel acuerdo bilateral o multilateral celebrado por escrito entre España y otro u otros sujetos de Derecho Internacional, y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación.

Es claro que en su caso la delimitación de 350 millas se hará por el Estado sobre la base de la recomendación de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (cuya misión es facilitar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por lo que se puede afirmar que es el resultado de un acuerdo bilateral, incluso multilateral si hay terceros estados afectados como parece que es el caso) entre España y la ONU, y regido por la Convención del Mar. También parece claro que los espacios marítimos que circundan el Archipiélago son del específico interés de la Comunidad Autónoma, inciden en materias de competencia canaria y afectan de manera especial a nuestro ámbito territorial.

De la misma manera, te solicito oficialmente, al amparo del artículo 51 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, que el Gobierno de Canarias forme parte de las delegaciones españolas que negocien la delimitación de cualquiera de los espacios marítimos contemplados en el Derecho Internacional y que afecten a Canarias”.
Hasta aquí la transcripción de la carta remitida al entonces y ahora presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy. El silencio por respuesta constituye una falta de respeto a los canarios. No debe extrañar en Madrid que su desconsideración institucional y su costumbre de no informar a los representantes de los canarios suscite recelos y dudas más que razonables sobre las verdaderas y ocultas intenciones del Gobierno de España. A la vista está que no han aprendido la lección.