El pasado 17 de enero se reunió en el Senado la Conferencia de presidentes autonómicos, presidida por Rajoy y arropado por la vicepresidenta y por el ministro de Hacienda. Al igual que el 2 de octubre de 2012, hace ya cuatro años, el asunto central de la agenda de trabajo fue la financiación autonómica. Otras cuestiones sirvieron para aderezar el orden del día, pero ese y no otro era el punto de mayor calado. Como entonces, el acuerdo más relevante ha sido crear una comisión de trabajo con el compromiso de que antes de finalizar este 2017 se presente una propuesta para un nuevo sistema que corrija las difusiones que tiene el actual. Nada nuevo bajo el sol. Otra vez la misma declaración que en 2012. Idénticos objetivos con plazos similares.

Cada día se incrementa más la brecha abierta en la financiación que transfiere el Estado para que las comunidades autónomas atiendan servicios esenciales como la sanidad, la educación y las política sociales. Las variables que forman parte del sistema en vigor (2009) evolucionan de forma anómala e injusta, provocando más que significativas diferencias para financiar los servicios públicos que desembocan en una situación a todas luces intolerable. Un sistema de financiación verdaderamente justo y solidario exige garantizar que todos los españoles, vivan donde vivan, deben tener aproximadamente los mismos recursos para cubrir el gasto sanitario, educativo o social

Un sistema justo debe garantizar los mismos recursos para los servicios esenciales para todos

El sistema actual evoluciona de una forma arbitraria. No hay un criterio claro de reparto, dándose amplias diferencias en los recursos que perciben las distintas comunidades autónomas. La financiación ajustada por habitante es un 30% mayor en Cantabria que en la media española. La distancia alcanza un 43% frente a la financiación de Canarias según el Consejo General de Economistas. Con este marco el reparto genera una distancia -una injusticia- considerable a la hora de afrontar los servicios públicos que reciben los españoles dependiendo de donde vivan. Cantabria, La Rioja y Extremadura están entre las más beneficiadas. Canarias, Murcia, la Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía, Madrid y Cataluña entre las que pierden.

Cabe recordar que en España existen dos modelos de financiación de las Comunidades Autónomas: el régimen común y el régimen foral; y que a su vez dentro del régimen común Canarias posee un Régimen Económico y Fiscal especial por razones históricas y geográficas, que se ha regulado teniendo en cuenta entre otras razones de peso las disposiciones de la Unión Europea sobre regiones ultraperiféricas.

El Régimen Económico y Fiscal que tiene el Archipiélago es el instrumento que debe de ayudar a compensar las desventajas que tenemos por la fragmentación de nuestro territorio y muy especialmente por la lejanía del continente. Por lo tanto, nada tiene que ver la financiación que transfiere el Estado para atender la sanidad, la educación y las políticas sociales con las medidas compensatorias contempladas en nuestro régimen especial, que pretenden modular las especiales dificultades que se derivan de vivir en islas alejadas de España y Europa. Un sistema de financiación justo, equilibrado y solidario es el que garantice que un canario reciba los mismos recursos que un gallego, cántabro, catalán, andaluz o riojano para atender sus necesidades educativas, sanitarias o sociales.

Si no hay más dinero, no habrá nuevo sistema de financiación

Alcanzar un consenso entre todas las Comunidades Autónomas es un reto difícil que se transforma en imposible si el Estado no incrementa de forma notoria los recursos globales para transferir a sus territorios. Resolver los actuales desequilibrios planteando la disminución de recursos a los que hoy más perciben para distribuirlos entre los actualmente perjudicados se acerca a la utopía. El acuerdo solo será posible si hay más recursos a transferir.

Rajoy ha dicho muy claro que los ingresos del Estado están 20 mil millones de euros por debajo de los que se disponían en el año 2007. Además, añadió que los gastos se han incrementado en 40 mil millones de euros como consecuencia del incremento de las pensiones.
Con estos datos, el panorama no se presenta muy esperanzador. Es muy probable que en la próxima Conferencia de presidentes el asunto central vuelva a ser la financiación autonómica, que haya consenso para concluir que es muy urgente reformarla, que estén todos de acuerdo en que una comisión haga una propuesta. La voluntad se mantiene, pero las dificultades seguirán creciendo mientras no mejoren los ingresos netos del Estado. Todo parece indicar que estamos aún muy lejos de un nuevo sistema de financiación que sea verdaderamente justo para los canarios.