Desde hace unas semanas se ha suscitado un debate social que, aunque parece tener su origen en la tramitación del Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana, su trascendencia van mucho más allá de la figura de este importante instrumento de planificación urbanística municipal.

En el centro del debate se encuentra la polémica existente entre los propietarios de apartamentos turísticos o de viviendas y de residentes en zonas delimitadas como turísticas por el referido Plan, por un lado, y el conjunto del sector empresarial turístico, por otro. El motivo central de la polémica, que no debate –puesto que éste hasta el momento no se ha producido– se encuentra en la diferencia que el PGO establece entre zonas de uso turístico y aquellas otras de uso residencial. Todo ello, conviene dejarlo claro, como está previsto en la legislación vigente en la materia.

Como apunte preliminar, me gustaría decir que la presente reflexión y la preocupación que subyace en torno a la misma no debe ser vista como una toma de partido. No trato de posicionarme a favor de ningún sector específico, pero sí de exponer mi  visión de lo que considero un serio problema para el presente y, sobre todo, para el futuro de nuestra tierra.

Canarias es un archipiélago muy especial, que a sus grandes valores contrapone una enorme fragilidad y complejidad. En nuestras islas resulta enormemente complejo alcanzar el necesario equilibrio entre la preservación de los recursos naturales y el desarrollo económico preciso para lograr las cotas de bienestar que su población necesita y demanda. Pero al mismo tiempo, la consecución de ese equilibrio debe ser una aspiración por la que todos debemos trabajar decididamente.

La necesidad de hacer compatible la preservación del territorio y el desarrollo económico ha obligado en Canarias a tomar decisiones políticas de gran calado y transcendencia. Decisiones que establecieron unos límites al crecimiento y consumo incontrolado de suelo mediante la promulgación de instrumentos legislativos, por una parte, y con medidas para impulsar un modelo económico que reforzara nuestro principal sector de actividad, por otro. En esa dirección, se tomaron iniciativas audaces  para reforzar el papel de las ciudades turísticas como espacios atractivos para el ocio y el descanso de los visitantes, impulsando claramente la renovación y modernización alojativa, además de la oferta complementaria de ocio.

En este contexto y con ese gran objetivo, se impulsaron y aprobaron tanto leyes como planes de modernización de las ciudades turísticas, de tal manera que la hoja de ruta ha quedado trazada desde hace unos años. Los resultados han sido patentes: tanto en la Administración pública como en la iniciativa privada hoy está claramente extendida la conciencia sobre la necesidad de modernizar y renovar el sector turístico en Canarias.

Sin embargo, la aparición de esta polémica, aunque artificialmente alentada por algunos sectores interesados en fomentarla –ya sea por la búsqueda de réditos políticos o por intentar desviar la atención de situaciones de clandestinidad en la explotación de la actividad–, ha conseguido generar un escenario de confusión, preocupación y temor en muchos propietarios de apartamentos turísticos y de viviendas en el espacio definido y delimitado como ciudad turística en el Plan General de Ordenación. Confusión que corremos el riesgo de extender al conjunto de los núcleos turísticos de las Islas.

Ante ese escenario, creo que es mi obligación pronunciarme para realizar algunas precisiones y acotaciones, con el objetivo de contribuir a clarificar el panorama y también para recordar los principios por los que hemos luchado durante muchos años, principios que deben salvaguardar los valores de nuestra tierra y cimentar la esperanza en un futuro sostenible para las generaciones futuras. Son los siguientes:

1. Canarias decidió hace muchos años que en la preservación de su valioso y escaso territorio se encuentra la garantía de un futuro sostenible para su población.
2. Los canarios hemos entendido que nuestra actividad económica locomotora es y será la industria turística y, en consecuencia, resulta fundamental modernizar y proteger este vital sector.
3. Actualmente se encuentran aprobados, en ejecución o en tramitación para su aprobación, casi todos los planes de modernización de todos los núcleos turísticos de Canarias. En todos ellos, la delimitación y diferenciación de los usos turísticos y residenciales es una pauta que recoge los objetivos de la legislación turística basados en la búsqueda de la competitividad del sector.
4. En los ámbitos delimitados con el uso turístico que se encuentren edificados actualmente como residenciales, de acuerdo a la correspondiente licencia otorgada en su día, se podrá mantener indefinidamente dicha actividad en el régimen de consolidación, lo cual permite, además, la propia rehabilitación y mantenimiento del inmueble.
5. Los ámbitos delimitados por el Plan con uso residencial mantendrán el mismo y en caso de sustitución de la edificación construida, la parcela correspondiente mantendrá dicho uso.
6. Los establecimientos turísticos edificados con tal fin y de acuerdo a los permisos correspondientes deberán ser gestionados bajo el régimen de unidad de explotación y no podrán ser destinarse al uso residencial, factor este esencial para evitar la pérdida de competitividad del sector.

Espero que estas reflexiones contribuyan a la tranquilidad a aquellos sectores sociales afectados por informaciones tendenciosas o desinformadas respecto a los temas aquí tratados y, por otra parte, a fijar un posicionamiento que venimos defendiendo desde hace años con respecto a la defensa de esa actividad económica vital que supone el turismo en Canarias.