Algunos han tardado casi 40 años en reconocer que el Estado de las autonomías requiere realizar determinados retoques para corregir algunas deficiencias que han impedido su evolución y que haya podido asimilarse a un Estado federal. Uno de esos retoques, quizás el más importante, es convertir el Senado en una auténtica cámara de representación territorial.

Un Estado federal es un único Estado pero diverso; es decir, un Estado que conjuga unidad con pluralidad por lo que existen distintos centros de poder: uno central, que decide determinadas materias para todo el Estado; y otros poderes descentralizados, en los que se decide otras materias en función de sus propias mayorías. Pero en el poder central también participan los territorios, porque ellos son parte esencial del todo. Por eso el poder legislativo central está compuesto de dos cámaras: una que representa a los ciudadanos de todo el Estado y otra que representa a los territorios descentralizados en los que se divide y cuya función es precisamente que esos territorios participen directamente en la toma de decisiones del Estado central que les afecten.

Esa es una pieza fundamental que en el sistema español nunca ha existido y que es necesaria introducirla si queremos que el modelo pueda funcionar 40 años más.

El Senado español actual es una mera cámara de segunda lectura. En teoría, su función era poco más que mejorar la calidad de las leyes, ya que cuando se diseñó no se sabía cómo acabaría evolucionando el Estado de las autonomías (de hecho, no existían las CCAA), pero muy pronto se reveló como una asamblea inoperante porque a las mayorías de turno gobernantes del PP o del PSOE nunca les interesó que funcionara realmente. Tan inoperante es que, si se suprime, apenas si se notaría su ausencia…

La falta de un Senado territorial también ha impedido que el Estado de las autonomías sea verdaderamente plural porque las Cortes Generales han estado 40 años legislando de espaldas a esa realidad territorial, pues prácticamente no se ha podido oír esa pluralidad en la cámara (los escasos mecanismos existentes de participación autonómica como la Comisión General de CCAA, un debate anual del Estado de las autonomías o la Conferencia de Presidentes prácticamente no se han utilizado).

Que el Senado se convierta en la cámara a través de la cual sus partes esenciales participen en las decisiones del todo (haciendo realidad esa expresión tan gráfica de que las CCAA también son Estado) significará:

1. que en ella solo estarán presentes las CCAA;
2. que intervendrá decisivamente en aquellas cuestiones que afecten a las CCAA (estatutos de autonomía, leyes básicas, leyes de transferencias, financiación, presencia en el exterior, utilización del mecanismo extraordinario previsto en el actual art. 155 CE, etc.);
3. que esa cámara también será el foro en el que se debieran manifestar de una u otra manera los hechos diferenciales de determinados territorios, hechos diferenciales como la lengua, los derechos forales o la ultraperificidad (suma de lejanía e insularidad) de Canarias.

Una manera de que esos hechos singulares tengan relevancia sería articular una especie de veto a favor del territorio que vea afectado su hecho diferencial por una ley que se quiera aprobar por el Estado. En el caso de Canarias, ese veto se podría utilizar por la representación canaria contra reformas del REF, contra tratados de pesca que nos perjudiquen o contra autorizaciones de prospecciones petrolíferas en nuestras aguas, por poner únicamente tres ejemplos fácilmente entendibles por todos…

Esa relevancia de los hechos diferenciales no es nada nuevo (aunque largamente ignorados por las mayorías de turno), ya está presente en la Constitución del 78. Es decir, El Estado de las autonomías fue en sus inicios un modelo potencialmente asimétrico porque muchos de los territorios poseen hechos que los singularizan, y el propio modelo no solo se los reconoce, sino que incluso la autonomías estaban inicialmente solo pensadas para algunos de esos territorios.

El café para todos de los primeros años del postfranquismo y la posterior evolución del modelo auspiciado por los dos partidos mayoritarios lo han homogeneizado minimizando el reconocimiento de esos hechos diferenciales y su potencialidad para profundizar en el autogobierno de los respectivos territorios. La irresponsable mayoría absoluta del PP, con su clara política recentralizadora, ha acabado por hacer inservible el actual modelo si no se reforma en clave federal y asimétrica.

Esa reforma del Senado requiere una importante reforma de la Constitución, reforma que debe ser utilizada para reforzar el reconocimiento de determinados hechos diferenciales como la ultraperifericidad de Canarias, de la que el REF y la insularidad no son más que algunas, y no las más importantes, de sus manifestaciones. Por ello, se ha de reformar la DA 3 de la Constitución para perfilar definitivamente el encaje de Canarias en ese Estado federal y asimétrico que ha de salir de esa reforma constitucional del senado. DA 3 que no solo ha de reconocer el REF como una institución netamente canaria, similar a los derechos históricos vasco y navarro –el fuero canario-, sino también las aguas archipielágicas como parte del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la posibilidad de acogernos, como muchos otros territorios extracontinentales, a un estatus político que, sin dejar de formar parte del Estado español, nos permita gozar, por un lado, de una amplia autonomía interna y, por otro, de reconocimiento exterior como sujeto de derecho internacional.