Durante los últimos años, años de crisis, hemos oído insistentemente términos nuevos tales como objetivo de estabilidad, déficit, límite de deuda… En definitiva limitaciones, restricciones al gasto público.

En todo este período, los presupuestos de las administraciones públicas has estado limitados por todas estas normas, impuestas por Europa y llevadas al límite por el Gobierno del Partido Popular. Pero las cosas están cambiando ligeramente. Las grandes cifras económicas se van recuperando, van pasando del rojo al negro. Los ingresos públicos empiezan a crecer y todas las previsiones apuntan a que van a seguir creciendo.

Esta semana se acaba de aprobar en el Congreso de los Diputados los límites de deuda y déficit para los próximos tres años –esto es 2016, 2017 y 2018– y la distribución entre los distintos subsectores delas administraciones públicas, Gobierno central y Seguridad Social, comunidades autónomas y entes locales. El límite, una vez más, ha sido impuesto por el Gobierno del PP, dejando insatisfechas las reclamaciones de la mayoría de las CCAA y recibiendo nuevas críticas en cuanto al reparto. No se justifica que quien tiene un tercio del gasto se quede con en el 80 por ciento del déficit permitido.

Estos límites, comunicados en el transcurso del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado 8 de Julio en Madrid, supondrán para las CCAA una rebaja desde del 0,7 por ciento del PIB exigido para este ejercicio al 0,3 por ciento en 2016 y al 0,1 por ciento en 2017 para llegar a alcanzar el equilibrio presupuestario en 2018.

Canarias ha votado en contra de estos objetivos por considerarlos “arbitrarios y desproporcionados en perjuicio de las comunidades autónomas y en beneficio del Gobierno central”. Las CCAA exigieron mayoritariamente al Ministerio –incluso una comunidad autónoma gobernada por el PP se abstuvo– un mayor margen en los objetivos de estabilidad para las autonomías y mostraron su rechazo al reparto realizado entre el Gobierno central y la Seguridad Social y las comunidades autónomas, al no respetar el peso real del gasto que soporta cada una de estas administraciones.

A diferencia de la senda marcada para las comunidades autónomas, el Gobierno central se asigna límites superiores, de forma que en 2016 será del 2,5 por ciento del PIB, en 2017 del 1,3 por ciento y en 2018 del 0,3 por ciento.

Esta distribución es perversa y arbitraria porque el Gobierno central se reserva el mayor margen de déficit cuando son las comunidades autónomas las que sufragan las prestaciones básicas, es decir, la sanidad, la educación y las políticas sociales y, además, son las que mayor esfuerzo han realizado a lo largo de esta crisis.

Va a ser difícil, muy difícil explicarle a los ciudadanos que ahora que empieza a apuntarse cierta mejoría en la situación económica, no se van a poder hacer esfuerzos en los servicios públicos esenciales porque el Gobierno central castiga a los ciudadanos a través de los distintos gobiernos autónomos.

La desproporción resulta más grave aún para Canarias toda vez que el déficit presupuestario de las Islas se genera por un insuficiente e injusto sistema de financiación cuyos ingresos del Estado suponen 800 millones de euros menos anuales que la media de las autonomías, y el Gobierno Central se ha negado a reformarlo en los últimos años, incumpliendo otra promesa más.

Por eso desde Canarias, reclamamos la corrección urgente de un modelo “que cada año ensancha la brecha entre el Archipiélago y el resto de comunidades”.

Pero no nos engañemos, el problema no va a estar sólo en el déficit, o en la deuda. No, a partir de ahora empezaremos a conocer una nueva expresión que va a limitar la actuación de las CCAA: la regla de gasto.

¿Y qué es la regla de gasto? Pues para simplificar, diremos que los presupuestos de las administraciones públicas no se podrán incrementar por encima del crecimiento de la actividad económica.

El Gobierno central ha fijado esa cifra en el 1,8 por ciento y, por tanto, ése será el limite de incremento para los presupuestos públicos. De nada servirá incrementar la lucha contra el fraude fiscal e ingresar más, de nada servirá la recuperación de los ingresos públicos para poder recuperar parte del terreno perdido durante estos largos años.

Ese será el limite. Y será difícil, muy difícil, explicarle a los ciudadanos que el esfuerzo que hemos realizado durante todos estos años de crisis no se va a servir para parte del Estado del bienestar que hemos perdido en los últimos años. Por una regla, la regla de gasto.