Faltan ocho meses para la conclusión de la VIII Legislatura. Tenemos mucho trabajo sobre la mesa, mucha tarea por delante, de ahí que vayamos a seguir multiplicando esfuerzos para alcanzar los objetivos que tenemos planteados y en los que hemos ido avanzando.

En estos últimos años, los más difíciles de nuestra andadura autonómica, desde el Gobierno de Canarias hemos logrado sentar las bases para el inicio de la recuperación económica de las Islas –diferentes informes confirman que se ha hecho un buen trabajo, que la economía canaria es la que más crece-, y hemos apuntalado, a pesar de los enormes problemas presupuestarios, nuestra apuesta por los servicios básicos esenciales.

Ni la crisis ni los recortes aplicados por el Gobierno de España ni el déficit de financiación estatal que padece Canarias desde hace lustros han impedido el ejercicio de una política volcada en los servicios y necesidades que más preocupan a la inmensa mayoría de la población.

Durante estos últimos años hemos trabajado duro para afianzar los servicios públicos y las políticas sociales; hemos garantizado la gratuidad de la educación y la sanidad sin tener que cerrar colegios u hospitales; hemos dinamizado al sector turístico con medidas audaces –como la bonificación de las tasas aéreas- y con programas de modernización que han empezado ya a implicar al otro gran sector económico del Archipiélago: la construcción; hemos cumplido nuestros deberes económico-financieros con una gestión rigurosa de los recursos públicos que ha merecido la confianza de los mercados.

Hemos hecho las cosas razonablemente bien, sobre todo teniendo en cuenta las enormes dificultades con las que hemos tenido que lidiar. Hemos hecho mucho, pero es mucho lo que queda por hacer.

En estos meses que faltan para la finalización de la actual legislatura aún tenemos retos que debemos seguir abordando, muchos de ellos en el ámbito de las Islas, otros requerirán de la negociación con el Estado o la Comisión Europea.

Como he recalcado en numerosas ocasiones, hasta el último minuto de esa VIII Legislatura el Gobierno de Canarias seguirá trabajando por la defensa del interés general con la misma dedicación y entrega de estos años.

En esa dirección, tenemos pendiente de cerrar uno de los asuntos de mayor calado económico y social para el Archipiélago, la revisión de los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF).

He mantenido en los últimos meses numerosas reuniones con interlocutores sociales, de las que ha salido un primer documento que seguiremos enriqueciendo antes de enviarlo al Parlamento de Canarias para que los grupos realicen las aportaciones que consideren pertinentes; de todo ese trabajo previo a buen seguro saldrá una propuesta sólida, que responda eficazmente a las necesidades de la sociedad canaria en este nuevo siglo -no debemos olvidar nunca que el REF es el instrumento que determina, por ejemplo, lo que finalmente pagamos por la luz o el agua, por el transporte o por los productos del supermercado-.

Del mismo modo, hasta el último minuto el Gobierno de Canarias seguirá reclamando una revisión del sistema de financiación autonómica o, cuando menos, el establecimiento de un mecanismo compensatorio que nos permita disponer de los ingresos que, en justicia, nos corresponderían.

Canarias no puede seguir siendo una de las comunidades autónomas con peor tratamiento en el reparto de fondos del sistema de financiación, fondos que precisamente sufragan los servicios públicos esenciales.

Mucho es el trabajo. Mucho los frentes aún abiertos. De aquí a mayo mantendremos también muy viva la lucha contra las prospecciones petrolíferas; pelearemos en las Islas, en Madrid, en Bruselas y donde haga falta, y convocaremos una consulta ciudadana al respecto. Trabajaremos con cada una de las herramientas e instrumentos que nos permiten las leyes españolas y comunitarias para echar tierra a un proyecto que amenaza el futuro de Canarias y el bienestar de su población.

Seguiremos batallando también en contra de la privatización de los aeropuertos canarios, una medida que no ha tenido en cuenta nuestra particular condición insular y archipielágica; una medida que pone en riesgo la cohesión social y territorial de Canarias al permitir la aplicación de criterios economicistas en la gestión de los aeropuertos, obviando su función social.

El mantenimiento de los servicios públicos esenciales, la aprobación de un nuevo REF, la creación de empleo vinculado al turismo y a la construcción, la defensa de un modelo de desarrollo sostenible frente a amenazas petroleras o el reforzamiento de la cohesión social y territorial son algunas de las tareas que tenemos por delante y que nos exigen, colectiva e individualmente, trabajar muy duro los próximos ocho meses. Seguiremos teniendo los cinco sentidos en ese trabajo, en ese compromiso, porque es mucha la tarea que aún tenemos por delante.

Fotografía: Camino a Papagayo (Lanzarote)