La decepción que ha provocado la reforma fiscal presentada por el Gobierno del Estado, que más allá de titulares e instrucciones precocinadas no ha convencido ni a destacados cargos del PP, está más que justificada. No es para menos. La medida se mueve entre los fuegos de artificio –de alto voltaje preelectoral- y la evidencia de que ni es la reforma que se necesitaba para impulsar la inversión y la generación de empleo, ni alivia de forma significativa las economías familiares de la inmensa mayoría de los ciudadanos; entre otras cosas, porque una vez más el PP da la espalda y penaliza a la clase media, condenada por este Gobierno a cargar sobre sus espaldas con el peso del esfuerzo fiscal.

En este mismo orden de cosas, mucho sabemos las comunidades autónomas de cargar sobre nuestras espaldas con el mayor esfuerzo; de ahí que desde Canarias hayamos dicho, con claridad, que la rebaja de impuestos no debe restar recursos a la prestación de los servicios públicos y que no debe complicar aún más el cumplimiento del déficit ni repercutir en el reparto de fondos del sistema de financiación –que, cabe recordarlo tantas veces como sea necesario, sufraga los servicios públicos esenciales-.

Ciertamente, la subida del IRPF que en diciembre de 2011 se anunció temporal parece consolidar su carácter permanente para, fundamentalmente, las rentas medias; quienes se beneficien de la medida recientemente anunciada pagarán menos que en 2011 por el IRPF, pero ni de lejos verán compensada la subida de impuestos aplicada por el PP.

El apaño fiscal anunciado por el Gobierno central no ha contentado a nadie fuera de la esfera del PP, e incluso dentro de esta formación son cada vez más los que comienzan a levantar su voz en contra. Lo que debía ser una reforma en profundidad de nuestro marco impositivo se ha quedado en un mero maquillaje con la vista más puesta en las próximas citas electorales que en el justo reequilibrio de la carga fiscal, especialmente para las pymes, autónomos, rentas medias y sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad.

Serán las rentas medias las que carguen con el peso de esta inútil reforma. Serán las rentas medias las que paguen los fuegos artificiales del PP.

Estamos ante un golpe al ahorro que penaliza los dividendos a pequeños inversores hasta ahora exentos, con reducción de la deducción por alquiler y también de la deducción máxima del plan de pensiones. Para las empresas el panorama no es mejor. A pesar de la rebaja de tipos, la supresión de deducciones en el Impuesto de Sociedades eleva el tipo efectivo 10 puntos -como contraste se vuelve a apoyar a la banca con el mantenimiento del 30 por ciento en el Impuesto de Sociedades y de las deducciones actuales-.

Lo mismo podemos decir de las indemnizaciones por despido. Un castigo en toda regla que complica aún más las cosas a los parados de mayor edad y con mayor tiempo en las empresas; con una retroactividad, además, con claros indicios de ilegalidad.

De otro lado, la lucha contra el fraude fiscal, una de nuestras mayores asignaturas pendientes, queda nuevamente huérfana. Mientras que el 72 por ciento del fraude se concentra en las grandes empresas y las grandes fortunas, muy por encima de pymes y particulares, sólo se dedica a dicha tarea un 20 por ciento de recursos y plantilla.

En lo que respecta a Canarias, aún desconocemos el efecto real de esta medida, pero existen serias dudas –planteadas por expertos, organismos independientes y por la propia Comisión Europea– sobre la sostenibilidad de esta rebaja cuando el Estado lo fía todo a la recuperación económica. Las cuentas no cuadran, poniendo en peligro los presupuestos autonómicos, el cumplimiento del déficit y los servicios públicos esenciales.

No es de recibo invitar a rebajas de impuestos para que paguen otros. Traspasar la presión fiscal a las comunidades con la creación o subida de sus impuestos es hacer trampas a los ciudadanos. Un modelo que ya impone el Gobierno del PP con el objetivo de déficit -reservándose el mayor margen, no lo cumple, siendo las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que salvan el objetivo global de España-.

Si la rebaja tiene un coste de 9.000 millones en dos años, y el crecimiento económico deja ese coste en casi 5.000, existen más de 2.000 millones de pérdida de recaudación anual que habrá que compensar. Esta pérdida se une a los exigentes límites de déficit, pues España tiene que reducir 30.000 millones; es decir, del 5,5 por ciento de 2014 al 2,8 por ciento en 2016, unos objetivos seriamente comprometidos con esta rebaja cuando continúa sin atajarse el gasto público de la Administración central.

Ya son las autonomías las que soportan el peso del cumplimiento y del ajuste, del 1 por ciento de 2014 se pasará al 0,7 por ciento en 2015, al 0,3 por ciento en 2016 y al 0 por ciento en 2017. Por tanto, esta rebaja de impuestos no puede ser compensada con más recortes o mayor presión fiscal a los ciudadanos a través de las comunidades autónomas.

No estamos ante una reforma fiscal. Es una bajada de impuestos marcada por el calendario electoral. No se ha pensado en el contribuyente, sino en lo que las encuestas le dicen al PP. Se ha perdido una gran oportunidad para hacer una reforma verdaderamente útil y en profundidad, una transformación integral del sistema tributario para hacerlo más equitativo, suficiente, eficiente y simple, como así lo ha criticado la propia Unión Europea.