Ahora sí, con el Pacto por Canarias dando sus primeros pasos, cabe decir que estamos avanzando hacia los consensos y el diálogo que la ciudadanía demanda y la situación exige. Queda mucho camino por recorrer, mucho trabajo en común, mucha madurez para apuntalar nuestras coincidencias dejando las diferencias en un segundo plano; pero estamos en el buen camino.

Ahora sí, dado que estos días estamos dando esos primeros pasos debemos ser optimistas y trabajar, con cautela y lealtad, para lograr que todos empujemos en la misma dirección en los asuntos que están sobre la mesa del pacto por Canarias porque son de interés general de las Islas.

La defensa del interés general es el principio que debe inspirar cualquier acción política, y estoy convencido de que si avanzamos de la mano sabremos colocar ese compromiso por encima de las diferencias.

El domingo pasado, en este mismo blog, comenté que los canarios no estamos solos en nuestra demanda de reforma del sistema de financiación autonómica. Otras comunidades autónomas –muchas gobernadas por el PP- se han sumado a esta exigencia.

Ahora sí, dentro y fuera de Canarias somos muchos los que abanderamos la necesidad de introducir cuantos cambios sean necesarios para que, en lo que a la financiación se refiere, las reglas del juego acaben con los desequilibrios y refuercen la cohesión territorial y social.

Ahora sí, hoy podemos decir que, junto a esas comunidades autónomas que comparten nuestra demanda de reforma, muchas y distintas voces en Canarias también se manifiestan en idéntico sentido.

Para solucionar un problema, primero hay que reconocerlo como tal. Afortunadamente, ahora sí la sociedad canaria –partidos y agentes sociales- coincide en la necesidad de introducir mejoras en el sistema.

El Estado debe garantizar que Canarias pueda prestar los servicios esenciales. Debe dar los pasos que hagan falta porque que en las Islas –a diferencia de lo que está ocurriendo en Madrid, Castilla-La Mancha o Cataluña, donde se cierran o privatizan hospitales o se deteriora la educación pública- hemos colocado la defensa de esos servicios públicos en lo más alto de nuestra agenda, convirtiendo su defensa en un compromiso ineludible.

El sistema de financiación autonómica no es una herramienta que el Gobierno del Estado –éste o cualquier otro- deba usar caprichosamente. Muy al contrario, hablamos de la distribución entre todos de un dinero que es de todos.

A este respecto, y sin entrar en un análisis técnico en detalle, debemos recordar que Canarias está perdiendo algo más de 800 millones de euros al año; que cada canario recibe 384 euros menos que la media del Estado, cantidad que se acerca a los 1.000 euros –de menos- si la comparación se realiza con el primero de la lista.

Ese reparto es injusto. Es fundamental estar todos a una para impulsar una corrección del sistema y una distribución equilibrada de los fondos comunes.

Partidos, sindicatos y empresarios, como representantes de la ciudadanía, tenemos la fuerza suficiente para defender esa posición como la posición de Canarias, no la de un partido o grupo en concreto.

Si todos apoyamos que se introduzcan mejoras en el actual sistema, es lógico que todos reclamemos como una sola voz su corrección.

No nos enfrentamos a un problema de partidos políticos, encaramos un asunto de la máxima gravedad de cuya correcta resolución dependerá el futuro de servicios tan importantes como la sanidad o la educación.

Hasta el momento, Canarias ha podido hacer frente a esa pérdida de fondos gracias a un enorme ejercicio de austeridad y de buen hacer desde el punto de vista económico y presupuestario, que nos ha permitido mantener los servicios esenciales a pesar de los duros recortes. Pero la capacidad de Canarias para seguir manteniendo esos servicios, si continúa la política única de contención del gasto, está acercándose al límite.

Los agentes sociales y los partidos han sido conscientes de ese escenario y han expresado públicamente su apoyo a la reclamación que viene haciendo el Gobierno de Canarias desde hace tiempo y que, como se recordará, se trató en la última Conferencia de Presidentes Autonómicos.

A la espera de que el Gobierno del Estado ponga en marcha los estudios preliminares para proceder a la revisión del sistema –como anunció hace un par de semanas– Canarias ha dado una prueba de madurez.

A fecha de hoy no son pocos los pronunciamientos públicos en las Islas sobre este particular, entre ellos el de la patronal CEOE, que considera que el actual sistema “no ha servido sino para aumentar la brecha con respecto a la media española en lo referente a las necesidades de financiación de la Comunidad, ya que la divergencia entre los ingresos y gastos de nuestra región se ha incrementado”.

Canarias está respondiendo de la mejor manera para hacer frente a un reto de la máxima importancia para nuestro presente, y sobre todo, para nuestro futuro. Ahora sí, los principales interlocutores apuntan en la misma dirección. Bienvenido sea.