Asegura la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables, y compartimos en Canarias, que en el último año el Ministerio de Industria no ha avanzado hacia el fomento de energías seguras y limpias, ni ha restablecido la seguridad jurídica, ni ha atajado el déficit de tarifa, ni ha sentado las bases de un nuevo modelo energético que sea rentable y responsable.

Según un análisis de la Consultora Deloitte –análisis que coincide con lo expresado por muchas voces en las Islas- la industria eólica ha reducido por tercer año consecutivo su aportación al PIB y el potencial del sector para contribuir al crecimiento económico está claramente infrautilizado, una situación provocada por decisiones políticas equivocadas, por la falta de un marco retributivo para nuevas instalaciones más allá de 2012, por la moratoria que suspende los incentivos renovables y por un largo etcétera que amenaza la permanencia de la industria eólica, con lo que se está perdiendo una oportunidad histórica de liderar un sector industrial de vanguardia a nivel global.

Garantiza la Asociación Canaria de Energías Renovables, y compartimos su preocupación, que la parálisis de las energías renovables en Canarias amenaza a 5.000 empleos e impide inversiones superiores a los 1.000 millones de euros.

Preocupación, análisis y críticas -éstas entre muchas otras- provocadas por la gestión en materia de energías renovables por parte del Ministerio. Inquietudes, denuncias y quejas que arrancaron en el mismo momento en que el Estado eliminó las primas a las renovables, y con ellas las posibilidades de provocar la inversión y generar empleo.

A la vista está, crece imparablemente el malestar por lo que se consideran constantes palos en la rueda para el modelo de desarrollo sostenible y verde por el que estamos apostando en Canarias. Un modelo sostenible que, junto a los errores del Gobierno respecto a las energías renovables, se ve amenazado por la autorización a Repsol de las prospecciones petrolíferas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Una cuestión, ésta última, sobre la que en los últimos días se ha pronunciado la patronal alemana de agencias de viajes, que en una carta remitida al Ministerio de Industria, Energía y Turismo -firmada por el presidente de la patronal y por el responsable del área de sostenibilidad- denuncia los daños que las prospecciones harán al turismo y, por tanto, a la economía y el empleo en las Islas -entre otras cosas, se advierte de que cualquier actividad petrolera frente a nuestras costas provocaría que los turistas dejaran de venir a Canarias y optaran por otros destinos-.

En relación con las energías renovables, resulta inadmisible no sólo la eliminación de las primas sino los incumplimientos del Ministerio, que tras el revuelo causado en las Islas a raíz de su decisión anunció una corrección normativa para ajustar el decreto a las singularidades canarias –y una vez más, como ya ocurriera con las tasas o las pensiones, se dijo una cosa y se hizo la contraria-.

Como se recordará, el argumento esgrimido por el Gobierno del Estado para acabar con las primas radica en que la generación de electricidad con energías renovables resulta mucho más cara que la convencional. Algo que en el caso de Canarias es incierto, pues está demostrado que ocurre exactamente lo contrario, y así lo avalan informes de la Comisión Nacional de la Energía o el operador Red Eléctrica de España.

Son demasiados incumplimientos, demasiados compromisos que quedan en nada. De ahí que se haya presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 1/2012, de 27 de enero, ante la negativa del Estado de instaurar un marco singular para las Islas en un plazo máximo de seis meses. Un recurso que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.

En Canarias somos muchos los que entendemos que el Archipiélago cuenta con singularidades en el mercado de la electricidad derivadas de una configuración en seis sistemas eléctricos aislados; una realidad que tiene una particular incidencia en el ámbito retributivo de las energías renovables como reflejo de su distintiva relación con el sector eléctrico nacional. Especificidades que, por lo demás, están reconocidas en el marco constitucional y estatutario, que se han traducido en un tratamiento legal específico a partir de la consideración de Canarias como Región Ultraperiférica de la Unión Europea.

Canarias tiene derecho a una regulación específica. Nadie –absolutamente nadie- puede impedir que en las Islas impulsemos una actividad con la que podríamos avanzar en la diversificación económica y generar miles de puestos de trabajo.

Tenemos 5.000 razones, tantas como empleos está amenazando el ministro, para no bajar los brazos ante tamaño incumplimiento. De ahí que Canarias comparta la preocupación de los sectores afectados, que defendamos con todas las herramientas a nuestro alcance el interés general de las Islas y que compartamos el creciente clamor de asociaciones y patronales contra los errores e incumplimientos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Fotografía: Jean-Michel Baud