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Euros

El Gobierno del PP debe garantizar que ni los ciudadanos ni las comunidades autónomas acabaremos pagando la factura del rescate, debe garantizar que no afectará al déficit –en la necesidad de generar certezas sobre este particular, no ayuda a aclarar las cosas que el presidente diga que no y su ministro de Economía que sí–.

Un rescate es una mala noticia, es un fracaso para España, y el Gobierno del PP debe admitir ese fracaso. Es una irresponsabilidad vestir de triunfo o éxito dicho fracaso.  

He dicho siempre que Zapatero hizo mal negando la crisis, y en consecuencia hoy debo decir también que Rajoy hace mal negando el rescate. Y hace mal porque, para generar confianza, es imprescindible decir siempre la verdad y llamar a las cosas por su nombre.

Un rescate es un rescate. Ni línea de crédito ni ayuda financiera, esto es un rescate. Cierto es que lo verdaderamente sustancial es el fondo del asunto, y que como llamemos a las cosas no es tan relevante como los efectos que conlleven las decisiones y los pasos –así lo indiqué esta mañana, en una comparecencia ante la prensa–; ahora bien, es importante que la realidad no se esconda debajo de las palabras.

Un rescate es un rescate y, por mucho que esa realidad nos duela, ser rescatados nos acerca a Grecia, Portugal o Irlanda y nos aleja de Alemania o Francia. Nos sitúa en el grupo de economías más frágiles de ámbito europeo y siembra grandes interrogantes sobre su repercusión, una vez más, en los ciudadanos, en el empleo, en los impuestos, en las pensiones y en los servicios esenciales.

Insisto, para generar confianza hay que decir la verdad y no decir una cosa y hacer la contraria. El Gobierno del PP, que ha intentado evitar el rescate, no puede presumir ahora de haber presionado para conseguir ese rescate.

Dicho esto, y una vez consumada la decisión, el Gobierno de Canarias espera que el Gobierno del PP sea transparente y explique la letra pequeña de ese rescate, así como que la ayuda a la banca permita definitivamente la fluidez del crédito, tanto a las comunidades autónomas, como a las empresas, autónomos y familias.

Del mismo modo, esperamos también que los bancos devuelvan hasta el último euro de este préstamo y que se pongan en marcha las acciones pertinentes que conduzcan a depurar posibles responsabilidades en las entidades y en los directivos sobre los que se demuestre negligencia o deficiencia en su gestión.