Canarias, Cataluña y Euskadi tenemos mucho que decir. Mucho que hacer frente al Estado en defensa de nuestros territorios.

Frente a las voces que a remolque de la crisis pretenden desprestigiar, primero, y desmantelar, después, el Estado de las Autonomías, hay que decir con claridad que la España del siglo XXI solo es posible desde el respeto a la singularidad de sus distintos territorios y la atención a las diferentes realidades económicas y políticas que dan forma al Estado.

La justicia social y la cohesión territorial del Estado pasan por esa atención a las demandas y realidades de los distintos territorios.

En esta dirección, quienes participan por acción u omisión en la creciente campaña de desprestigio del Estado de las Autonomías están sumando a la creciente tensión social una innecesaria e indeseable fractura y desequilibrios territoriales.

El Gobierno del Estado debe nadar contra esa corriente de opinión que, alentada en algunos casos desde sus propias filas, flaco favor están haciendo al necesario objetivo del diálogo y los consensos que requiere una coyuntura tan difícil.

España solo es posible desde el reconocimiento y el respeto a sus autonomías, a sus territorios, a su pluralidad.

Demonizar a las autonomías, culpándolas de todos los males, no nos acerca a la solución, sino a las tensiones territoriales. En este sentido, llama la atención que a muchos a los que se les llena la boca defendiendo la Constitución -¿cuánto habrá que esperar para poner al día la Carta Magna?- parecen olvidar la apuesta firme que ésta hace por la España autonómica.

No es justo, ni serio, culpar a las autonomías de los desfases presupuestarios. Entre otras cosas, porque ese discurso es tan tramposo como inexacto.  
 
Canarias, siendo la menos endeudada y una de las tres comunidades más cumplidoras y solventes, puede decirlo  alto y claro.  
 
Tramposo porque el problema de fondo, el real, es que el sistema de financiación no vale y debe revisarse; en este sentido, la solución no es cargarse las autonomías a golpe de campaña de desprestigio sino cambiar las reglas del juego para lograr un marco verdaderamente justo, solidario, equilibrado. Inexacto porque son las comunidades autónomas las que hacen el esfuerzo en educación, sanidad o políticas sociales; luego, es fácil entender que el margen del Estado para ajustar su presupuesto es indiscutible y enormemente mayor que el de las comunidades autónomas. Se descentraliza el gasto, pero no los recursos.

Algunos de estos análisis y reflexiones los compartí recientemente con el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, con quien coincidí en la necesidad de articular acciones comunes desde el respeto a nuestras particularidades. Y, en idéntico sentido, en apenas unas horas compartiré estos y otros argumentos, demandas y planteamientos con el presidente de la Generalitat, Artur Mas.


Porque, tal y como dijo el propio Urkullu en aquella ocasión, lo que une a los nacionalistas canarios, vascos y catalanes -desde la especificidad de cada uno de los territorios- es mucho más de lo que nos separa.
 
Es esa convicción la que nos mueve a demandar otro modelo de Estado, donde la voz de la periferia se escuche con nitidez y se atienda, desde una perspectiva de justa correspondencia, nuestras singularidades.
 
La definición de ese modelo no solo es una aspiración legítima sino que debe ser una obligación de cuantos pensamos que hay otra manera de hacer las cosas.

Definitivamente, Canarias, Cataluña y Euskadi tienen mucho que decir. Mucho que decir y hacer en defensa de los territorios que representamos. Mucho que decir frente a la campaña de desprestigio de las comunidades. Mucho que decir en defensa de un modelo de relaciones con el Estado que entierre formulas ya obsoletas y abra las puertas a sistemas que se ajusten a la realidad que pisamos.