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Unidos por Canarias

Ha llegado la hora de poner al día la relación del Estado con Canarias.

Insistiendo en algo que ya apunté en mi comentario de ayer, el Gobierno que salga de las urnas el 20-N necesitará el apoyo de Canarias, de CC, para abordar las difíciles decisiones y reformas que la economía española precisa. Pues bien, cuando llegue ese momento, y esa solicitud de apoyo llegará, los diputados y senadores de CC pondrán sobre la mesa, entre otras, una condición irrenunciable: que el Estado ponga en marcha, sin dilación, un sistema de financiación específico para Canarias, diferenciado del establecido en el resto de las comunidades autónomas y fundamentado en la condición de territorio alejado de nuestro Archipiélago.

Alguno dirá que, en un contexto de complicaciones presupuestarias, no es el momento. Lejos de esto, el hecho de que la crisis castigue especialmente a los territorios alejados e insulares nos llena de razones para exigir, con más fuerza y argumentos, ese ‘pacto con Canarias’.

Pacto que pasa, ineludiblemente, por aprobar un sistema de financiación que constituya un sistema propio, al margen del ‘café para todos’ del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Canarias no es igual a ninguna otra comunidad, en consecuencia no puede contar con un sistema de financiación similar a ninguna otra.

No reclamamos privilegio o ventaja alguna sobre otros territorios.

Exigimos ‘estar en España’ en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades que las CCAA peninsulares.

Ese derecho -porque es un derecho lo que desde Canarias reclamamos- pasa por contar con ese sistema específico de financiación para Canarias que más pronto que tarde debe ser recogido en la Constitución, como así se propuso cuando el Gobierno saliente dio el paso de reformar la Carta Magna para establecer un techo al gasto de las comunidades el pasado mes de agosto -una reforma, dije entonces y reitero ahora, insuficiente-.

En la defensa de esa reivindicación CC demostrará, una vez más, sentido de Estado. Esperamos del Gobierno entrante que demuestre igualmente sentido de Estado.

En esta dirección, que la propia Unión Europea reconozca que tanto la lejanía como la insularidad condicionan el desarrollo de las Regiones Ultraperiféricas y las dotan de unas singularidades que exigen, en consecuencia, un tratamiento específico y diferenciado, pone de manifiesto que Madrid va por detrás de Bruselas en la comprensión del ‘caso canario’.

Es incomprensible e injustificado que la Constitución Española no recoja una realidad que Europa ha reconocido ampliamente: que la lejanía y la fragmentación son condicionantes que han influido históricamente en el desarrollo de Canarias, propiciando sobrecostes que no padecen otras regiones peninsulares. De ahí que reclamar un tratamiento específico para una realidad diferenciada no sea un privilegio, sino la única alternativa posible para promover el desarrollo económico y social en las Islas en igualdad de condiciones a los ciudadanos de territorios continentales.

Sin duda, un sistema de financiación específico para Canarias atendería mejor las necesidades del Archipiélago.

Toca poner al día la relación que une a Canarias con el Estado. Ahora que la crisis impone medidas especiales con territorios como el nuestro, Madrid no puede mirar hacia otro lado.