La llegada de la democracia y la descentralización territorial en favor del Estado
Autonómico generó ilusión y esperanza en toda España. Particularmente, en Canarias.
Hasta entonces, hechos como la lejanía del continente, la fragmentación del territorio,
el déficit de infraestructuras, la debilidad del sistema económico, la escasa formación y
cualificación de los recursos humanos y el trato colonial y abandono histórico de
España nos habían condenado a la pobreza y la desesperanza. La única puerta de
progreso que teníamos abierta era la emigración.
Pero la ilusión y la esperanza con la comenzó a rodar el nuevo ciclo marcado por el
autogobierno fue perdiendo fuerza, de manera paulatina, hasta terminar en decepción
y frustración, por el arbitraje sectario y colonial del Gobierno español. Canarias, la
comunidad más singular de todo Estado, seguía siendo maltratada desde Madrid.
Nuestro Estatuto de Autonomía había nacido con un corsé competencial injusto. El
Régimen Económico y Fiscal, aprobado por Franco en 1972, era puesto en cuestión.
Nos negaban los recursos económicos para atender las competencias en materia de
carreteras. Nos obstaculizaban la transferencia del Sistema Público de Salud… En
definitiva, el escaso peso social, económico y político de las Islas volvía a reflejarse en
el maltrato que nos daba el Gobierno de España. No nos respetaban. La indiferencia
era su respuesta a nuestras demandas.
La desatención a las reclamaciones hechas desde las Islas y la actitud prepotente de
los gobernantes centrales provocó una reacción patriótica de buena parte de la
sociedad isleña, en defensa de nuestra tierra, sus valores y la dignidad de Canarias
como pueblo.
Así, las circunstancias favorecieron que en 1993 se juntaran gentes de las ocho Islas,
con pensamientos políticos distintos, pero con un objetivo común: exigir respeto y
justicia para nuestra Tierra. A esa guagua se subieron simpatizantes de distintas
ideologías y sensibilidades, que anteponían la defensa de los intereses de Canarias
por encima de todo.
Comunistas, socialistas, ultraderechistas, conservadores, centristas, independientes,
independentistas, animalistas, ecologistas y hasta algún ácrata, juntos en la defensa
de la tierra en la que vivimos. La generosidad de todos facilitó la articulación de una
fuerza electoral propia, como fue Coalición Canaria, dirigida a ganar peso político y
respeto en el Congreso y el Senado, defendiendo los intereses de las Islas.
Desde su irrupción en la escena política española, el nacionalismo canario nos ha
venido dando voz, fuerza y capacidad de influencia. En 1996, con cuatro diputados,
nos convertimos en imprescindibles para la gobernabilidad de España.
Fruto de ello fue el pacto de legislatura firmado con Aznar, el acuerdo Canarias-Estado
más importante de nuestra historia, con la actualización del Estatuto, el Régimen
Económico y Fiscal y el Estatuto Permanente en Europa, los convenios de carreteras,
aguas, infraestructura turística, infraestructura educativa, puertos y aeropuertos, la
financiación de las corporaciones locales, el transporte aéreo y marítimo y un largo
etcétera.

El calendario electoral está en marcha. Entre 2026 y 2027 tendremos elecciones
generales y Canarias vuelve a estar casi en la misma tesitura en la que se hallaba en

  1. Esto es, abandonada y maltratada por el Estado.
    Para recuperar el peso y la influencia que llegamos a tener en 1996 hay que juntar a
    todos los que anteponemos la defensa de los intereses isleños por encima de
    respetables matices ideológicos. Si hace 32 años fue posible unir a gente tan diversa y
    variopinta para darle voz, peso y fuerza a Canarias, ¿por qué no ahora?