Las apariciones públicas del presidente, Pedro Sánchez, y del líder de la oposición, Pablo Casado, adelantan el inicio del curso político después de un agosto que no ha dado un respiro. 

El presidente del Gobierno ha optado hacer visible su presencia visitando el cacereño Hogar de Mayores de Navalmoral de la Mata; probablemente, el equipo del presidente ha buscado esta imagen de proximidad –con el segmento de población más castigado por la pandemia– para intentar contrarrestar las continuas criticas que ha recibido por el calculado distanciamiento que ha tenido de los aspectos más duros dejados por el virus.

Pablo Casado, por su parte, ha hecho su puesta en escena después de las vacaciones visitando el centro de migrantes de Frontera, en El Hierro, la Isla más alejada de la Península. Por casualidad o conscientemente, la distancia entre los lugares escogidos por ambos para iniciar el curso entrante constituye una señal bastante gráfica sobre la incapacidad que ambos han tenido hasta ahora para entenderse en los grandes temas de Estado. El distanciamiento entre los dos partidos con mayor implantación no ha escrito su último capítulo.

El otoño político echa a rodar con asuntos que, sin duda, tendrán también repercusión en la política canaria. La relaciones con Marruecos, la crisis de Afganistán, los fondos europeos de apoyo a la recuperación económica, los Presupuestos Generales del Estado para el 2022, las medidas para el control definitivo de la pandemia, el debate abierto entorno al modelo de Estado o la política migratoria estarán permanentemente sobre las mesas de trabajo. Con todo, y debiendo volcarse en estos y otros aspectos enormemente sensibles, ell hito más determinante a corto plazo para la estabilidad de los gobiernos de España y de Canarias son los Presupuestos Generales del Estado. 

Pedro Sánchez parte de la base de que hay que prolongar la actual legislatura hasta que la pandemia quede en el olvido y los efectos de las medidas impulsadas para la reactivación de la economía y el empleo tengan efecto en el día a día de las familias españolas. El mejor salvoconducto para garantizar la continuidad de la legislatura con sobresaltos asumibles pasa por tener los Presupuestos aprobados. Sin embargo, no será nada fácil para el Gobierno de Sánchez poner sobre la mesa un proyecto de presupuestos que sea justo territorialmente y que, al mismo tiempo, satisfaga la voracidad de los potenciales socios que garantizan su aprobación en el Congreso de los Diputados. 

ERC, PNV, Bildu, PdeCat y Compromís barrerán para casa y el papel de las fuerzas nacionalistas canarias –CC y NC– quedará reducido a la consideración de convenientes, pero no imprescindibles.

Unos Presupuestos del Estado que sean justos y cumplan con Canarias son la mejor garantía para la estabilidad del Ejecutivo canario. El presidente de Canarias y secretario general  de los socialistas, Ángel Victor Torres, debe hacerlo valer ante Pedro Sánchez. Seguro que el vicepresidente y Consejero de Hacienda, Román Rodriguez, se fajará con la tantas veces reticente Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que los presupuestos recojan adecuadamente los compromisos de la agenda canaria –como así lo hará igualmente el portavoz de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, en la doble condición de socio del PSOE en Canarias y preferente en Madrid–.

La primera obligación del Gobierno de España en el marco presupuestario es la de cumplir con equidad y justicia con la Islas, plasmando adecuadamente las disposiciones de nuestro Régimen Económico y Fiscal, del Estatuto de Autonomía, de nuestra condición de RUP y con los convenios y acuerdos sellados entre Madrid y Canarias, así como con las sentencias que le han condenado por incumplimientos con nuestras Islas.

En otros tiempos, la soberbia y la miopía política con la que los partidos estatales nos han observado echó por tierra la estabilidad del Gobierno de Canarias. Ángel Victor Torres debe recordárselo a Pedro Sánchez antes y no después.