Es una realidad objetiva que el clima, el paisaje, el patrimonio cultural, la lengua, la gastronomía, la historia o la geografía son algunos de los aspectos que hacen de España una realidad plural y diversa.  La actual organización político-administrativa del Estado –que vio la luz con la Constitución del 78– y el posterior desarrollo autonómico reflejan perfectamente esa realidad plural que representa España.

La convivencia y el entendimiento con las Comunidades Autónomas exige un diálogo transparente, leal y fluido entre los distintos territorios que conforman el Estado y el Gobierno de España. La canalización de ese diálogo se debería llevar a cabo, de forma multilateral, a través de la Conferencia de Presidentes (algún día será el Senado) o de forma bilateral entre cada uno de los gobiernos autonómicos con Moncloa. Nada que objetar, por lo tanto, ni a la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado día 30 de julio en Salamanca ni a la posterior reunión de la Comisión Bilateral entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España del lunes 1 de agosto. Sin embargo, a pesar de que están fijados los cauces para conducir el diálogo y las relaciones entre comunidades autónomas y Gobierno de España, algo no funciona y exige una seria reflexión por parte de los responsables gubernamentales. 

La sensación que transmite el Gobierno de Pedro Sánchez es que está plegado a la presión que se le ejerce desde Euskadi y Cataluña. El diálogo como vía para cimentar acuerdos es el camino, sin duda, pero, ¿cuál es el límite a las concesiones a Euskadi y Cataluña, dos de los territorios más ricos y desarrollados del Estado?

No despierta mucha confianza entre la ciudadanía las concesiones a Euskadi para que el lehendakari estuviera presente en la Conferencia de Presidentes. Urkullu confirmó su asistencia horas antes del evento, cuando el Gobierno de Sánchez dio el visto bueno a su exigencias de traspasar la cesión del impuesto del IVA de ventas a distancia, el impuesto de transacciones financieras y el de servicios digitales. Con todo, mayor desazón y desconfianza producen las concesiones del Gobierno de España a Cataluña. Después del desprecio que supone para los presidentes de España y de las Comunidades Autónomas la voluntaria ausencia del president, el presidente Sánchez lo premió con la celebración de la Comisión Bilateral a penas tres días después. Ambos tratos preferentes, a vascos y catalanes, regalan munición a quienes defienden que se juega con las cartas marcadas, siendo tremendamente generosos con unos pero impermeables a las demandas de otros territorios.

Habrá que replantearse muy seriamente cuál es el rol que le corresponde a Canarias como territorio geográficamente alejado de España. Desde luego, si el futuro del Estado español pasa por avanzar al ritmo que marque la presión política, económica y social de cada uno de los territorios que lo conforman, nos espera un inquietante futuro.

Mientras el Gobierno de Sánchez se compromete a invertir casi dos mil millones de euros en el aeropuerto del Prat, tiene paralizados en Canarias el desarrollo del aeropuerto Tenerife-Sur y la tercera pista del de Gran Canaria. Es muy importante el desarrollo como hub de los aeropuertos de Madrid y de Barcelona. El futuro del desarrollo económico, del empleo y del bienestar de una sociedad pasa por tener una buena conectividad.

En el caso de las Islas, los aeropuertos y los puertos son nuestras principales basas para abrirnos al mundo. Nuestra dependencia del turismo exige que participemos de la gestión de unas infraestructuras vitales para el bienestar de los que aquí vivimos.

La presión (no la razón) que esgrimen Euskadi y Cataluña es la mejor arma para negociar con el Gobierno de España. Canarias debe de encontrar la suya para que se le respete y se le atienda.