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“La respuesta de los partidos ha sido tardía y forzada; dar la vuelta a los acuerdos que se habían alcanzado para gobernar en algunos ayuntamientos y cabildos, tenía -y tiene- una gran complejidad. Más de uno se habrá desmarcado -y se desmarcará- de las directrices emanadas de su partido. Se abrirán expedientes y se amenazará con la expulsión a los disidentes; pero no pasará nada, sólo perderá el que ha sido sacado del poder. En aquellos casos en los que se imponga la disciplina del partido contra la voluntad de los acuerdos alcanzados con otras fuerzas para gobernar en ayuntamientos y cabildos, el problema de fondo seguirá latente y no sorprenderá que la moción de censura se convierta en un poderoso instrumento para recuperar los acuerdos -ahora interferídos- por la intervención tardía de las direcciones de los partidos”. Con este párrafo, cerré mi comentario el 15 de junio, artículo que titulé “Respuesta tardía y forzada”.

En apenas un mes después de la constitución de ayuntamientos y cabildos, tres mociones de censura pueden hacer saltar por los aires la correlación entre los apoyos electorales recibidos y las parcelas de poder político real a ejecutar en las instituciones. Sin duda, la mayor desproporción, el mayor castigo, se lo lleva CC.

La triunfante censura a CC en Fuerteventura y las presentadas -también contra la mayoría obtenida por CC- en los cabildos de Tenerife y La Palma son un duro varapalo para la fuerza política que ha liderado -con aciertos y errores- la gran transformación social y económica de Canarias en los últimos decenios. Sin duda, se consuma un revés mayúsculo para la fuerza política que colocó a Canarias en una posición privilegiada respecto a sus relaciones con el Estado desde el año 93, momento en que irrumpió en el Congreso y en el Senado.

Jamás nuestro Archipiélago había tenido tanto protagonismo en el contexto de la política española como el que tuvo con los nacionalistas canarios; CC tuvo un espacio entre los actores principales, que se tradujo en influencia para conseguir que nuestra tierra avanzara en derechos -Estatuto, REF o subvención al transporte de personas y mercancías, sólo por poner algunos ejemplos- y en medidas económicas que han ayudado a nuestro desarrollo social y económico.

Coalición Canaria no ha gestionado -o no le han dejado gestionar- con diligencia y sensatez la confianza que miles de canarios le prestaron en las pasadas elecciones generales y autonómicas y locales celebradas los pasados 28-A y 26-M, respectivamente.

La pérdida de la tradicional centralidad en Canarias que tanto ha caracterizado a CC -centralidad que le ha permitido pactar a su derecha y a su izquierda, como hace el PNV- y la incomprensible posición adoptada en Madrid en las negociaciones abiertas para conformar una mayoría de gobierno entorno a Pedro Sánchez han contribuido, sin duda, al arrinconamiento del partido liderado por Clavijo, Oramas y Alonso.

Las dos diputadas que CC tiene en el Congreso de los Diputados tenían un enorme valor a la hora de buscar acuerdos tanto para la estabilidad de las instituciones canarias como para la conformación de una mayoría parlamentaria en Madrid. Los 137.664 canarios que votaron a Coalición Canaria en las pasadas elecciones generales del 28-A lo hicieron para que se defendieran los intereses de nuestra tierra en Madrid, no para autoexcluirse -como así ha ocurrido- de posibles acuerdos si de ellos participaba Unidas Podemos. Autoexcluirse ha sido un error ciertamente injustificable. En Madrid se daban las condiciones para que CC aprovechara sus bazas, pero incomprensiblemente en CC se optó por renunciar a su sitio en el tablero donde está jugándose la legislatura en el ámbito del Estado.