En el supuesto de que el Gobierno logre los apoyos requeridos para su aprobación, la dilación en la tramitación del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 puede provocar que finalmente solo valgan para cumplir con las exigencias de Bruselas -en relación al déficit- y poco más. Todo apunta a que en el mejor de los casos hasta bien entrado el verano el Estado no podrá disponer de la Ley que determina sus políticas en la inmensa mayoría de los ámbitos de actuación, siendo como es, además, la base sobre la que se mueve la economía. Una pregunta sobrevuela de semanas a esta parte la escena política, ¿tiene realmente interés el Gobierno de España en disponer cuanto antes de unos Presupuestos Generales para el año 2017 o, lejos de esto, prefiere mantener como referencia la cuentas públicas de 2016?. Los hechos parecen indicar que el gabinete presidido por Mariano Rajoy no tiene ninguna prisa o que espera con escasa convicción a que el PSOE pueda facilitarle la aprobación.

Hay síntomas que alimentan las dudas sobre el verdadero objetivo del Ejecutivo. El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha anunciado recientemente que el Gobierno presentará los Presupuestos Generales del Estado para 2017 antes de Semana Santa, de forma que puedan ser aprobados antes de junio.El titular de Hacienda ha defendido que se deben sacar adelante los Presupuestos porque se necesitan para fortalecer la recuperación, marcar prioridades y cumplir con los objetivos del déficit, que son los ya confirmados, y para cumplir el compromiso de reducir el déficit público. Las bondades que según pregona el ministro traerán a la economía española los nuevos PGE no se ven acompañadas por el ritmo que se le está dando a la preparación y tramitación de los mismos. Algo empieza a no cuadrar.

España tiene Gobierno desde el pasado mes de noviembre. El techo de gasto y los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública fueron aprobados por el pleno del Congreso el pasado día 15 de diciembre. PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y CC votaron la propuesta del Gobierno. La prioridad que dice Cristóbal Montero que debe tener la aprobación de la cuentas públicas del 2017 no se corresponde en modo alguno con el calendario fijado. Las razones de la lentitud con la que se prepara la propuesta presupuestaria que debe tramitarse en el Congreso de los Diputados puede deberse a que el Gobierno espera por el PSOE o, en otra lectura, a que si hay presupuestos cuanto más tarde se tengan mejor. Esta segunda hipótesis sería tremendamente criticable porque pudiendo interesarle al Gobierno no interesa en modo alguno al país que eso ocurra.

Los socialistas celebran su congreso el 17 y 18 de junio y su estrategia de futuro estará muy ligada a la dirección que resulte del mismo. La Gestora socialista que preside Javier Fernández ha ido dando forma a lo que Rubalcaba definió como una oposición útil, a una posición que está permitiéndoles colocarse como la referencia de la oposición al Gobierno. En este orden de cosas, es previsible que si Susana Díaz ocupa la Secretaria General su línea de trabajo será la que esta llevando a cabo la Gestora.

Hasta ahora el PSOE ha sido oposición pero al propio tiempo ha jugado un papel clave en asuntos de gran relevancia y trascendencia política. La colaboración entre populares y socialistas se ha extendido a la aprobación de los objetivos de déficit condicionada por una flexibilización del marcado a las autonomías, a la subida del salario mínimo interprofesional accediendo el Gobierno a la petición del PSOE de incrementarlo en un 8%, a la reforma del Impuesto de Sociedades, la lucha contra el fraude fiscal o la subida de los Impuestos Especiales. En el ámbito energético socialistas y populares han cerrado un acuerdo para implantar el bono social para evitar cortes de luz a familias sin recursos. Han acordado crear una subcomisión en el Congreso para definir los ejes de un pacto educativo. En definitiva, han dado pasos firmes hacia un entendimiento de los dos grandes partidos en asuntos mayúsculos.

Sin embargo, no es previsible que en pleno período precongresual el PSOE vaya a facilitar la aprobación de los presupuestos del Gobierno. Por lo tanto, si éste quiere negociar con los socialistas será en los meses de verano y no antes. El calendario ofrece pistas sobre las verdaderas intenciones del Gobierno. Con los presupuestos prorrogados o aprobados en el último cuatrimestre la capacidad de gasto disminuye y favorece el control del déficit. Así se entiende que el Gobierno no tenga ninguna prisa, pero el tiempo que ganan los ministerios están perdiéndolo los españoles y, sin lugar a dudas, también los canarios.