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Panel informativo

Canarias está paralizada. España está paralizada por un pequeño grupo de privilegiados que no ha tenido ningún reparo en deteriorar la actividad social, la libre circulación y la economía de este país. Decenas de miles de personas se encuentran en estos momentos completamente desamparadas en los aeropuertos españoles. Otras tantas en aeropuertos extranjeros a la espera de poder viajar. Se dice que 200.000 en total, 17.0000 canarios

Estas líneas las escribo con la máxima indignación como ciudadano y también como responsable de una comunidad que sufre como ninguna otra los efectos de una paralización de sus aeropuertos. Porque dependemos totalmente de nuestros puertos y aeropuertos. Porque no tenemos otras alternativas para comunicarnos entre nosotros y con el exterior.

Y ese grupo de privilegiados ha vuelto a actuar con el estilo que le caracteriza: sin mirar consecuencias, intentando hacer el mayor daño posible. Miles de familias canarias y de otras comunidades, muchas de ellas disfrutando de unos pocos días alcanzados con un enorme esfuerzo, se encuentran desesperadas. Por no hablarles de los enfermos, de los niños que tenían previsto reunirse con sus padres, de los que trabajan… Y también del turista, esa figura esencial para la recuperación de nuestra economía.

La actitud egoísta, cruel y torticera de los controladores españoles está provocando daños irreparables a miles de familias y aun más nuestra economía, interior y exterior, y al sector mas importante, el turismo. Ahora mismo se están produciendo pérdidas incuantificables por el momento, pero que suponen un grave freno a la recuperación.

No es tolerable bajo ningún concepto que una minoría de privilegiados de este país, con salarios mínimos de 200.000 euros anuales, ponga en riesgo el bienestar de las familias y sean un freno en un momento en que la situación económica requiere del compromiso, la solidaridad y el trabajo de todos. Es llamativo que los más privilegiados sean los más insolidarios.

Esta pesadilla cíclica debe acabar. Ya hemos padecido mucho tiempo, demasiado tiempo, el chantaje de este grupo de privilegiados.

Y en este asunto no hay marcha atrás, ya no es posible el diálogo. Esto no se puede volver a repetir, y no hay posibilidad de llegar a un acuerdo con quienes actúan de manera tan salvaje. Si alguien debe pagar en el futuro, que sean ellos, y no los ciudadanos.

Como dije en mi comparecencia de esta tarde ante los medios de comunicación, estamos en manos de 100 individuos capaces de volver loca a una población de dos millones de personas. Y si en la Península hay indignación, en Canarias esa indignación hay que multiplicarla por 100.

Y como anuncié también en mi comparecencia, el Gobierno de Canarias ha acordado presentar mañana una denuncia ante el Ministerio Fiscal por el cierre y el caos provocado, así como instar al Estado a que se adopten dos decisiones: 1) la redacción de un proyecto de ley urgente para militarizar al colectivo; y 2) la modificación con carácter de urgencia del código penal para tipificar como delito el abandono de las obligaciones de los controladores como prestadores de un servicio público.

Porque, ¿quién controla al controlador? Hasta ahora, al parecer, nadie. Pareciera un colectivo de élite por encima del bien, del mal y de la Ley. Pero esto debe acabar: el Gobierno y la Justicia han de actuar con la máxima contundencia. Es un acto sin precedentes. Y las medidas han de estar a la altura de la provocación. No hay paños calientes. No hay marcha atrás. Basta ya.

Fotografía: panel de aeropuerto, por Carlos Fernández