Si el pasado mes de agosto era difícil pensar que España pudiera tener sus
Presupuestos, la probabilidad resulta prácticamente imposible después del reciente
anuncio de Junts de no apoyar, en lo que queda de legislatura, ninguna otra iniciativa
del Gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, otro año más, tampoco en 2026 habrá
Presupuestos Generales del Estado.
En esta situación, cobra mucho más valor, si cabe, el compromiso alcanzado en
Lanzarote, en plenas vacaciones veraniegas, entre Pedro Sánchez y Fernando Clavijo
sobre la tramitación de un decreto específico para Canarias que proteja los temas
específicos de las Islas. Esta resolución recoge básicamente los asuntos contenidos
en la Agenda Canaria, el Estatuto de Autonomía y los últimos Presupuestos, de 2023.
El vacío que supondría la ausencia de Presupuestos del Estado quedaría
perfectamente cubierto por ese Decreto Ley específico para nuestro Archipiélago.
Además, igual que hace la Unión Europea, sería un reconocimiento singular a nuestra
realidad diferenciada, por la lejanía y la insularidad.
Tal y como está planteado, el Decreto Ley canario no debería hallar obstáculo alguno,
ni en su paso por el Consejo de Ministros ni tampoco en su convalidación en el
Congreso de los Diputados. Claro, siempre y cuando los dos grandes partidos de
Estado, el PP y el PSOE, no pretendan anteponer sus intereses y estrategias políticas
a las necesidades de Canarias.
En realidad, los asuntos contenidos en esta resolución, que, según la ministra
portavoz, Pilar Alegría, será aprobada próximamente por el Consejo de Ministros,
cuentan con el acuerdo del Gobierno de Canarias con socialistas y populares, aunque
por separado. Falta el entendimiento de todos juntos, comprometidos para su
convalidación en su tránsito por el Congreso de los Diputados.
Parece inevitable que el Gobierno de Sánchez no tenga la tentación de introducir
algún elemento que incomode a los populares, alejándoles del consenso deseado en
la tramitación del Real Decreto. Cualquier fracaso en la aprobación achacable al
Partido Popular situaría a esta formación en una posición insostenible dentro del
Gobierno de Canarias.
De otra parte, si el Real Decreto sale del Consejo de Ministros alterando el consenso
alcanzado en la llamada Agenda Canaria, los de Núñez Feijóo dispondrían de
munición suficiente en su objetivo de desgastar la relación en Madrid entre Coalición
Canaria y el PSOE.
En unos momentos en los que la confrontación política entre populares y socialistas
está al rojo vivo en el ámbito estatal, el Real Decreto específico para Canarias será
una prueba de fuego para comprobar si sus compromisos con las necesidades del
Archipiélago están por encima de las estrategias políticas.
La decisión de Junts de congelar su relación con el Gobierno de Sánchez y la
convocatoria de elecciones en Castilla-La Mancha, que precipitan el inicio de un nuevo
ciclo electoral, ensombrecen las expectativas que el Archipiélago tiene depositadas en
una norma vital para la sostenibilidad social y económica de las Islas.

Sin Presupuestos Generales del Estado y sin la referida resolución para Canarias
sería casi imposible atender asuntos como las bonificaciones fiscales para La Palma,
la financiación específica para las Islas Verdes, la política migratoria, los servicios
básicos, la sanidad, los convenios pendientes, el plan de empleo o las ayudas al
transporte, entre otras demandas.
Por todo ello, no cabe duda de que la aprobación y posterior tramitación del
comprometido Decreto Ley singular para las Islas servirá para evaluar si el PP y el
PSOE anteponen, aunque sea por una vez, la atención de las necesidades de los que
aquí vivimos por encima de sus estrategias e intereses partidarios.