Un Decreto Ley especial para las Islas que recoja los asuntos consensuados en la
‘Agenda Canaria’, la habilitación al Gobierno de Canarias para que utilice los
remanentes de tesorería existentes y atienda los compromisos adquiridos por el
Gobierno de España para la reconstrucción de La Palma y la aceptación de los costes
de la atención a los menores no acompañados, en tanto el Congreso apruebe los
Presupuestos del Estado, una vez cuenten con el visto bueno del Consejo de
Ministros.
Además de imaginativa, la propuesta del Gobierno de Canarias en los términos
referidos resulta tan pragmática como necesaria. Sobre todo, teniendo en cuenta que
los asuntos a incluir en dicho Decreto Ley cuentan con un amplio consenso con los
dos grandes partidos de Estado. Sin que sirva de precedente, a priori parece que
socialistas y populares comparten su contenido.
Sin embargo, la oficialización de la ruptura de Junts con el Gobierno de Pedro
Sánchez puede ser un nuevo obstáculo para garantizar la mayoría necesaria para
convalidar esta disposición en la que trabaja el Gobierno de Canarias. Con todo, el
apoyo de Junts podría ser prescindible si el Partido Popular actúa en coherencia con
los compromisos que en su día adquirió Alberto Núñez Feijóo con Fernando Clavijo.
Hasta ahora, con los apoyos de los partidos que han venido sosteniendo al Gobierno,
incluyendo a Junts, los votos de los populares no eran indispensables para ratificar un
decreto ley impulsado por el Consejo de Ministros. Pero la ruptura de los catalanes
con Sánchez traspasa toda la responsabilidad al PP para que ese texto, cuyo borrador
elaboran los servicios del Gobierno canario, acabe por convalidarse en el Congreso.
Recientemente, la dirección de los populares en Madrid ha mostrado su disposición a
ratificar la convalidación de dicha iniciativa para Canarias, siempre que “no se
modifique ni una coma” del texto de la ‘Agenda Canaria’ pactada con Fernando
Clavijo.
Otra cosa es el hecho de que Coalición Canaria gobierne en las Islas con el Partido
Popular, al tiempo que en Madrid venga apoyando a Sánchez, desde el comienzo de
legislatura, lo que añade un morbo especial a la salida de esta encrucijada.
Si el sentido común y la sensatez imperasen siempre en política, no tendría por qué
ocurrir nada para que el borrador del Decreto Ley propuesto por el Gobierno de
Canarias no fuera aprobado por el Consejo de Ministros y ratificado luego en el
Congreso, con el apoyo, entre otros, de socialistas y populares, en coherencia con su
compromiso con las Islas. Pero presentimos que no será tan sencillo.
La cuestión está en saber si va a ser utilizado, tanto por los socialistas como por los
populares, para ayudar a resolver asuntos importantísimos para el bienestar de los
canarios o como arma arrojadiza en su particular batalla destructiva. Del camino que
escojan dependerá sus consecuencias políticas. Sería incomprensible que unos y
otros volvieran a anteponer el conflicto partidario por encima de los intereses de las
Islas.

De nuestra posición ultraperiférica, de la lejanía geográfica de la España continental y
del conjunto de Europa, deriva una serie de medidas imprescindibles para que en las
Islas no acabe de producirse una quiebra social y económica.
La prometida bonificación del 60% del IRPF a los palmeros y los 100 millones para la
reconstrucción de su isla, los recursos para atender a los menores no acompañados,
las ayudas al transporte, los planes de carreteras, las infraestructuras hidráulicas, la
pobreza y el empleo o las ayudas provenientes de Europa para el sector primario,
entre otros, no pueden seguir dependiendo de unos Presupuestos del Estado en fase
crítica.