El sur de Tenerife es tierra de contrastes, entre los que domina sobremanera la imagen
que proyecta el Aeropuerto Internacional Tenerife Sur-Reina Sofia frente a la que
exhiben los más de cincuenta hoteles de cinco estrellas y las modernas instalaciones
de ocio implantadas en la zona, que durante los últimos años han crecido en número y
calidad.
El aspecto lamentable de este aeropuerto no se corresponde ni con el nivel de
desarrollo de la Isla, ni con su oferta turística. Y menos aún con lo que significa para la
economía insular y los puestos de trabajo que genera.
Hablamos de una instalación que es una auténtica vergüenza para Tenerife y
Canarias. Durante decenios, organizaciones empresariales e instituciones isleñas han
venido reclamando, sin éxito, una actuación integral, tanto en lo estructural como en lo
funcional y estético, en beneficio de los usuarios y para mejorar la imagen de esta
verdadera puerta de entrada y salida de la Isla.
Resulta del todo inexplicable la falta de tacto que históricamente ha tenido AENA con
nuestro Archipiélago. Pese a la rentabilidad de la red isleña y el significado que tienen
los aeropuertos para la economía y el empleo turístico, su abandono sistemático no
tiene justificación alguna.
Por todo ello, el reciente anuncio del presidente Pedro Sánchez sobre la inversión de
cerca de mil millones en los aeropuertos canarios, dentro del cuatrienio 2027-2031,
podría ser una magnífica noticia, si no fuera porque, en más de una ocasión, este tipo
de declaraciones no pasa de ahí. Ojalá que esta vez el anuncio sea el preámbulo de
una realidad que urge, ante la necesidad acuciante que tiene el TFS de mejorar la
confortabilidad de los millones de pasajeros que entran y salen por el mismo.
No obstante, habrá que ir salvando proyectos, financiación, licitación y un largo
etcétera de trámites en el largo proceso administrativo que requieren obras de esta
envergadura. El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife tendrán que estar muy
atentos para que no se produzca ninguna sorpresa desagradable.
Además, si tenemos en cuenta que la inversión anunciada para esos cuatro años
alcanza los 13.000 millones de euros en toda la Red de Aeropuertos, los 800 millones
programados para Canarias quedan muy por debajo de lo que objetivamente nos
corresponde.
Hace tiempo que las Islas, conforme a lo dispuesto en su Estatuto de Autonomía,
reclaman la gestión de sus aeropuertos. O, al menos, participar en la misma.
Recuérdese que, aprovechando el buen posicionamiento político que tuvo en Madrid el
nacionalismo canario, junto a vascos y catalanes, logramos vencer las resistencias
estatales para participar en la gestión de los Parques Nacionales y los Puertos del
Estado.
La modificación de las leyes en ambos ámbitos, por las que las comunidades
autónomas entraban a formar parte en sus órganos gestores de Parques Nacionales y
Puertos del Estado, fue fruto de una negociación política con el Gobierno de Aznar, en
la legislatura 1996-2000.

Las características singulares de nuestros aeropuertos, con lo que aportan
económicamente al presupuesto de AENA, dificulta la ruptura de su posición de
bloqueo a cualquier negociación para el traspaso a Canarias.
Además, las circunstancias políticas estatales y la limitada capacidad de influencia que
tiene hoy el nacionalismo canario en Madrid impiden una negociación real para esa
transmisión.
Ahora bien, el nombramiento de un paisano dentro del consejo de administración de
AENA tiene que ser una cuestión que plantear y exigir desde que el gobierno del
Estado necesite el voto canario. Sería la mejor manera de enriquecer las decisiones
que adopte el órgano de decisión de esta empresa de mayoría pública.