El descanso, el ocio, la diversión y los encuentros con familiares y amigos suelen ser
las claves que marcan los deseos de casi todos cuando llega el mes de agosto. Las
noticias llamadas “serpientes de verano” suelen ser los culebrones irrelevantes que
animan el día a día de los medios de comunicación. En agosto suele ser más patente
la escasez de noticias y ello posibilita un mayor margen para los culebrones sociales,
políticos o deportivos.
Sin embargo, en este agosto que termina dos importantes noticias han copado
prácticamente, día tras día, todas las cabeceras de los medios de comunicación
estatales: la inmigración y los incendios. Una y otra dejan patente que algo está
fallando en el concepto de España como estado descentralizado. Fundamentalmente,
la solidaridad, la cooperación y la voluntad política.
Resulta lamentable que un estado como el español tenga que utilizar la justicia como
último instrumento para resolver la acogida de los seis mil menores no acompañados
llegados a nuestras costas a través del mar. Más allá del lugar del territorio español
por el que un migrante haya accedido desde el mar, se convierte en un asunto de
Estado y, como tal, debe existir un protocolo transparente, objetivo y solidario que
permita una distribución equitativa entre todas las autonomías. Existen otras políticas
migratorias menos humanitarias y solidarias, pero España ha escogido una y con
arreglo a la misma hay que tomar decisiones y actuar.
No obstante, las excepciones para que en el reparto deje fuera a Cataluña y el País
Vasco echa por tierra el principio de solidaridad y cooperación entre todos los
territorios que conforman el Estado. Más parece obedecer a una concesión política a
los socios que sostienen al Gobierno de España.
De otra parte, el asunto de los incendios que están azotando varios territorios
peninsulares pone de relieve la necesidad de revisar y actualizar el sistema
autonómico. La democracia y la descentralización en favor de las autonomías ha
permitido más de medio siglo de cambios y mejoras, que nos ha acercado a los países
europeos más avanzados en cuanto a desarrollo y calidad de vida.
El acercamiento de la toma de decisiones a las comunidades autónomas, dentro de un
país tan plural y diverso como España, ha resultado clave para disfrutar de un
progreso espectacular en infraestructuras y servicios, en los diecisiete territorios
descentralizados. Especialmente, en educación, sanidad, vivienda y servicios sociales.
Ahora bien, el pleno desarrollo del estado autonómico tiene que estar basado en el
principio de confianza, cooperación y solidaridad. Y en materia de inmigración y
políticas de lucha contra el fuego, los principios citados están haciendo aguas por
todas partes y sembrando dudas sobre la eficacia de la descentralización en la toma
de decisiones.
El enfrentamiento abierto entre populares y socialistas, en este mes de agosto, acerca
del papel que tienen que jugar el Estado y las comunidades autónomas en la lucha
contra el fuego y en el reparto de menores no acompañados resulta absolutamente
irresponsable e intolerable.

Por encima del interés partidario y, por supuesto, de quién sea la fuerza gobernante en
una determinada comunidad autónoma o en el Estado, la lealtad, la cooperación y la
confianza han de prevalecer por encima de todo.
En el caso de los incendios, con miles de vecinos afectados, la escenificación de un
trabajo conjunto entre las distintas administraciones generaría confianza. Si, además
de la desgracia que supone la pérdida del patrimonio natural o familiar, lo que percibe
el ciudadano es división y el socorrido echarse las culpas los unos a los otros, la
desazón es aún mayor y la confianza en las Instituciones se resquebraja.
España es un estado plural y diverso. Perfeccionemos los mecanismos previstos en la
Constitución para que la cooperación y la coordinación funcionen adecuadamente. No
juguemos al politiqueo partidista, rompiendo los principios que garantizan la igualdad y
la solidaridad entre los ciudadanos de todos los territorios del Estado. Perder la
confianza en las Instituciones democráticas supone devolvernos a la España de hace
cincuenta años.