Las Islas Canarias son para España un territorio alejado de la Península, mientras
que, para la Unión Europea, además de ello, es una Región Ultraperiférica. Estos
conceptos están recogidos tanto en la Constitución española del 78 como en los
Tratados de la Unión Europea. El carácter diferencial de nuestro Archipiélago respecto
al territorio peninsular es un hecho tan evidente como objetivo.
Tenemos un huso horario diferente al peninsular. No contamos con ríos. Nuestro suelo
es muy limitado. La escasez de agua y el relieve dificultan el desarrollo del sector
primario. Estamos muy lejos de las materias primas, lo que dificulta el crecimiento de
la industria. Dependemos absolutamente del barco y del avión y, solo por añadir
alguna diferencia más, el empleo y la economía están muy supeditados a la marcha
del turismo.
Sorprende mucho que, a pesar de nuestra situación geográfica estratégica, España no
le preste ninguna atención al Archipiélago. Y ello por más que Canarias se halle en la
encrucijada que fija los caminos hacia África, América y Europa.
Nuestra proximidad con las costas de África occidental y el deseo de millones de
personas de huir de la persecución política, la miseria y el hambre está derivando en
un gravísimo problema para las Islas, pero, lamentablemente, seguimos estando solos
frente a la crisis migratoria.
Resulta cierto el amplio reconocimiento que está teniendo el pueblo canario por su
compromiso y solidaridad con los migrantes que llegan a través del mar. Pero
Canarias tiene un límite. Con el reparto de los menores no acompañados que llegan a
nuestras costas se está desvelando, sin disimulo alguno, el desprecio y la falta de
respeto con el que nos tratan las fuerzas políticas españolas.
Los vaivenes en lo referido a la acogida de estas personas, primero por el Gobierno de
España y, después, por la mayoría de los partidos políticos, es más que lamentable.
Socialistas y populares se han olvidado de que los asuntos de Estado -y la migración
lo es- tienen que estar por encima de las miserias partidistas.
La intervención de la Justicia alumbró un rayo de esperanza, pero el ninguneo al
estamento judicial y al Gobierno de Canarias continúa. Por lo visto hasta hoy, el apoyo
prestado por Coalición Canaria a la investidura de Pedro Sánchez no ha sido
suficiente para el Gobierno de España, igual que el respaldo concedido por los
nacionalistas de las Islas en otros temas de Estado donde también se les demandó
ayuda.
Si timorata ha sido la posición del Gobierno español en el asunto de los menores no
acompañados, no se queda atrás el papel que está jugando el Partido Popular. A
pesar de que forma parte del Gobierno de Canarias, la aportación de su dirección
nacional para ayudar a las Isla en materia migratoria resulta nula.
La guinda al desprecio del Estado hacia Canarias, con relación a la política para el
reparto de menores, está poniéndola ahora la mayoría de las comunidades autónomas
que, en una muestra incalificable de insolidaridad, acuden al Constitucional para que
paralice el reparto aprobado por el Congreso de los Diputados, vía Real Decreto Ley.

La posición geográfica del Archipiélago nos hace singulares ante la inmigración que
nos llega de África a través del mar. Siendo así, también tendría que ser singular su
tratamiento. La capacidad de acogida de un territorio debe guardar una estrecha
relación con su capacidad para integrar o derivar a estas personas. La acogida, la
formación e integración o la derivación suponen la mejor medicina para evitar fracturas
sociales.