Si los partidos de ámbito estatal –especialmente, el PSOE y el PP– asumieran y
ejecutaran, con claridad y sin tutelajes, la defensa de las singularidades de nuestro
Archipiélago en el contexto estatal, no tendríamos que estar apelando continuamente
a la articulación de un gran frente autóctono ante Madrid.
Sirva el ejemplo de Cataluña. Pese a los importantes matices ideológicos que
distinguen a sus principales fuerzas parlamentarias (PSC, Junts, Esquerra y
Comunes), la coincidencia es unánime al situarla por encima de todo. Presida quien
presida el Govern (Pujol, Maragall, Montilla, Mas, Puigdemont, Torra, Aragonés o Illa),
los intereses de dicha nacionalidad, de sus empresas y de su gente, quedan siempre
en un plano superior.
Sucede igual en Euskadi. En su actual pacto de gobierno, los socialistas vascos van
de la mano de los peneuvistas para defender los intereses de su territorio, sin
mediatizarlos en el objetivo de preservar sus singularidades.
Incluso en el ámbito del Partido Popular, la fuerza de alguno de sus barones
territoriales se ha impuesto al uniformismo con el que la dirección nacional ha querido
marcar el paso. Si en su día fue Manuel Fraga quien se erigió en estandarte del
galleguismo por encima de todo, a día de hoy otros líderes regionales, como Díaz
Ayuso o Juanma Moreno, imponen en Madrid y Andalucía, respectivamente, la
defensa de los intereses de esos territorios por encima de la homogeneidad que
desearía forzar la dirección nacional.
Queda claro, por consiguiente, que, existiendo convicción, resulta posible exigir
internamente el respeto a la diferencia dentro de un proyecto global.
Del mismo modo, si las dos grandes fuerzas estatales entendieran Canarias como lo
que es, y no como una colonia, en sus estatutos de organización figuraría el
reconocimiento explícito al trato diferencial que exige el Archipiélago, tal y como ha
hecho la Unión Europea. Es lo justo, de sentido común.
Pero, para que así fuera, tendrían que ser los afiliados y simpatizantes del PSOE y el
PP residentes en las Islas quienes propiciaran el debate y que dichas singularidades
quedasen recogidas en sus respectivos estatutos. O se tiene un reconocimiento claro
e indubitable a nuestros derechos en las normas de los partidos estatales o se tiene
mucho peso político interno para que te respeten en Madrid.
Sin embargo, Canarias carece de lo uno y de lo otro. La displicencia, desinterés y
soberbia con la que estos partidos contemplan al Archipiélago es el caldo de cultivo
perfecto para propiciar un gran movimiento autóctono que vuelva a fortalecer a nuestra
tierra en Madrid. La incomparecencia del PSOE y el PP –cuando no su renuncia
voluntaria– para asumir la defensa de las políticas específicas que necesita nuestro
territorio obliga a los partidos de obediencia canaria a unir fuerzas y exigir atención y
respeto a las Islas.
Como se ha indicado, el hecho diferencial de Canarias es una realidad reconocida en
el contexto de la Unión Europea, que nos ha otorgado un estatus especial.

De la misma manera, resulta evidente que el Gobierno de España atiende mejor a
nuestra tierra cuando se dispone de diputados y senadores de obediencia canaria,
capaces de condicionar su acción ejecutiva.
Por todo ello, más allá de lo partidario, la invitación a una “Canarias unida” en la
defensa de sus especificidades con la que concluyó la reciente cita congresual de
Coalición Canaria marca el único camino posible para ser más fuertes y respetados.
La convicción, la discreción, el diálogo y la generosidad han de ser las premisas para
iniciar el camino.
El tablero político mundial, europeo y español se agita por días. En este contexto,
nuestra situación geográfica nos coloca en una posición con matices diferentes a la de
España. De ahí que, para lograr esa “Canarias unida” con la que afrontar el futuro
inmediato, los partidos autóctonos estén obligados a entenderse políticamente. Un reto
y un deber.