Canarias recibe al año alrededor de 18 millones de turistas, una cifra parecida a la
registrada en Cataluña y Baleares. Con índices de crecimiento similares, estas últimas
tienen implantada una tasa turística que aplican sobre los visitantes hospedados en
hoteles, viviendas vacacionales o campings, igual que a los cruceristas.
Mientras tanto, el debate sobre su implantación en Canarias aparece y desaparece
cada cierto tiempo, sin que hasta hoy se haya consensuado una propuesta respaldada
mayoritariamente por partidos políticos y representantes de la sociedad civil.
Esta pasada semana, el Parlamento catalán ha alcanzado un acuerdo para el
incremento sustancial de la tasa ya implantada, que hasta ahora ha supuesto unos
ingresos aproximados de 100 millones de euros. La revisión al alza aprobada
supondrá una recaudación en torno a los 200 millones de euros, de los que una parte
importante se destinará a la política de vivienda.
Quizá sea este el momento de plantearnos, sin prejuicios de partida, una reflexión
política, empresarial y social sobre la conveniencia de implantar una tasa similar en
nuestro Archipiélago.
En primer lugar, porque ya rige en gran parte de Europa, sin que ello limite el volumen
de visitantes. Del mismo modo que el sector turístico de Cataluña o Baleares no ha
perdido competitividad con su implantación, tampoco ha producido un efecto negativo
en países o ciudades como Grecia, Italia (Roma, Milán, Florencia, Venecia…), Austria
(Viena), Bélgica (Bruselas, Amberes, Brujas…), Chequia (Praga), Hungría (Budapest),
Francia (París) o Países Bajos (Amsterdam).
De otra parte, porque si de verdad estamos preocupados –deberíamos estarlo– por la
masificación turística, con la afectación que supone para la calidad prestada en los
servicios, convendría ir colocando filtros que ayuden a seleccionar calidad y cantidad
en las llegadas.
Resulta así meridianamente claro que la tasa no ha operado nunca de modo negativo
en la cifra de visitantes llegados a las ciudades y territorios donde se ha implantado.
Además, en todo caso, puede operar de filtro en la apuesta por la calidad a la que
aspiramos.
Por lo tanto, cuál es el motivo por el que renunciamos de antemano a los ingresos
extra que puede generar el hospedaje en los alojamientos turísticos. Entiendo que, en
todo caso, el debate debería centrarse en el destino de los recursos extraordinarios
procedentes de las pernoctaciones, aunque lo coherente es que se dirigieran a la
mejora de las condiciones competitivas del sector.
Canarias goza de unas propiedades magníficas para mantenerse como uno de los
destinos turísticos más atractivos del mundo. El clima, sus cielos, el mar, sus paisajes,
los servicios y la seguridad sobresalen entre nuestras bazas. Ahora bien, tenemos que
seguir mejorando las condiciones para que nuestra oferta gane en competitividad.
Una de las carencias más acusadas tiene que ver con la falta de mano de obra
–cualificada y no cualificada–, con una escasez de profesionales con la competencia
necesaria dentro del abanico profesional que demanda el turismo. Y esto obliga a la
búsqueda de recursos humanos en el exterior, con el consiguiente incremento

poblacional y su impacto en el movimiento de vehículos, los servicios públicos o la
disponibilidad de vivienda.
De ahí que una parte de los ingresos por la implantación de la tasa debiera dedicarse
a una formación de máximo nivel para quienes aspiran a ser profesionales del sector,
junto a una recualificación masiva de los que ya disfrutan de empleo. Esto es, apostar
por la excelencia en la formación como garantía para la competitividad futura.
Del mismo modo, otra parte de los ingresos podría dirigirse a la renovación de los
espacios públicos obsoletos; el control de los vertidos; las energías renovables o,
incluso, el apoyo a una política clara de vivienda en las zonas turísticas, para los
trabajadores del sector.
Desde luego, no será por falta de apartados en los que invertir los recursos generados
por la aplicación de esa tasa turística tan implantada en otros destinos con los que
compite Canarias.