Más de cinco mil personas han muerto en los primeros seis meses del año en
la conocida como “ruta canaria” de la migración. El blindaje impuesto por las
autoridades en las otras rutas utilizadas para llegar al continente europeo ha
terminado por reconducir hacia nuestras Islas todos los flujos migratorios
africanos.
La ausencia absoluta de control y vigilancia sobre las mafias que operan en
origen, junto a la renuncia voluntaria del Gobierno de España a controlar
nuestras fronteras, facilitan el caos reinante en el Archipiélago, impropio de un
territorio europeo desarrollado.
A pesar de la tragedia humanitaria que se vive en el “cementerio marino” del
Atlántico Medio, ningún responsable político de primer nivel, dentro del
Gobierno español, se ha dignado a visitar las Islas para interesarse por las
condiciones en las que llegan estas personas, las medidas de acogida para
atenderlas, el tratamiento psicológico a familiares o la orfandad en la que son
enterrados los fallecidos.
Se ve que para el equipo de imagen, prensa y propaganda que rodea al
presidente Pedro Sánchez, la foto con los migrantes que llegan exhaustos a
nuestras costas, o la del enterramiento de alguno de los muertos en el intento,
en un pequeño cementerio de El Hierro, resulta desaconsejable.
En contraposición, al presidente sí le convino, en términos de imagen, la foto
de las visitas efectuadas a La Palma con ocasión de la erupción del volcán
Tajogaite, en septiembre de 2021. Hasta once veces repitió Sánchez su
presencia en esta isla, en la que, afortunadamente, no se produjo ninguna
muerte como consecuencia de la erupción. Y más de cien veces repitieron esta
visita sus ministros.
Sin duda alguna, una tragedia humanitaria que contabiliza más de 5.000
muertes en apenas seis meses, con una tendencia a que a finales de año
puedan sobrepasarse los 10.000 fallecidos, exige algo más que esa primera
visita, que sigue sin producirse.
El abandono del Estado a las Islas en materia migratoria es mayúsculo. La
única política que tiene clara el Gobierno central es la de convertir al
Archipiélago en un gran centro de acogida y retención de inmigrantes,
circunscribiendo el problema exclusivamente a territorio canario.
Mientras, los dos grandes partidos de Estado siguen anteponiendo sus
intereses electorales y sus estrategias políticas al drama humano derivado de
la inmigración. Además de inhumana, la situación vivida en las Islas, en
relación con los menores no acompañados llegados a través del mar, resulta
intolerable.

La Ley de Extranjería de 2001, que vincula la atención a los menores no
acompañados a competencias autonómicas, ha sido ampliamente
sobrepasada. No existía entonces, hace 23 años, la casuística actual sobre
esos menores. En aquellos momentos, la Ley asignaba a las comunidades la
competencia en materia de menores de familias no estructuradas. Pero, a partir
de ese momento, han sido otros los problemas surgidos en nuestra sociedad,
igual que otras han de ser las soluciones.
La competencia asumida por las autonomías a raíz de esa Ley les obliga a
educar a los menores y formarlos para su plena integración cuando adquieran
la mayoría de edad. Evidentemente, Canarias sola no dispone de medios para
acometer toda esa labor. De ahí la importancia de modificar la norma,
permitiendo una distribución equitativa entre todos los territorios del Estado,
que garantice la acogida de estos menores y su adecuada preparación.
La falta de compromiso de los partidos de Estado para impulsar el cambio
legislativo muestra el lado más mezquino de la política. Las actuaciones ruines
y miserables acrecientan el desafecto ciudadano hacia las Instituciones y la
política. No hay otra medicina para combatir esa tirria que anteponer los
intereses generales de la gente a los tacticismos empleados en busca de rédito
político.
No nos lamentemos luego de lo que pueda suceder.