El paso del tiempo hace que seamos muchos los que pensamos que la
pandemia modificó buena parte de los tradicionales comportamientos
socioeconómicos en el mundo occidental. A primera vista, la reacción
generalizada en estos tres años, tras la situación de emergencia, ha sido “vivir
más el día a día” y preocuparnos menos por un futuro imposible de controlar.
En consecuencia, es probable que esta nueva filosofía de vida haya favorecido
un incremento espectacular de todas las actividades vinculadas al ocio y el
disfrute cotidiano, figurando el turismo, los viajes y la restauración entre los
sectores más beneficiados.
En España, el buen momento que atraviesa la economía seguramente guarde
relación con las condiciones favorables que ofrecen todos sus territorios para el
desarrollo de actividades vinculadas al turismo, el ocio y los servicios en
general.
De manera particular, resulta muy significativo todo lo sucedido en Canarias
después de esos tres años oscuros, en los que el virus nos alejó más si cabe
del mundo que nos rodea. Las Islas, en general, no ha dejado de mejorar, mes
a mes, la ocupación turística, incrementándose los ingresos provenientes del
turismo y todos sus servicios vinculados.
Del mismo modo, parece también que, con la salida de la pandemia, han
aflorado, con mucha fuerza, inquietudes que hasta entonces preocupaban
menos a la ciudadanía. Sin duda, entre todas ellas destaca el problema de la
vivienda y todo lo vinculado con la misma, tanto desde el punto de vista social
como residencial, turístico o laboral.
Las administraciones públicas nunca han podido poner en el mercado el
volumen de viviendas sociales necesario para cubrir la demanda de la parte
más frágil de la sociedad, aquella que se ve incapaz de acceder a un inmueble
privado o un alquiler asequible. El precio del suelo y los bajos salarios limitan a
un segmento importante de la población a la hora de conseguir esa vivienda.
Por otra parte, la concurrencia competencial entre los municipios y la
Comunidad Autónoma para el desarrollo efectivo de políticas de vivienda -los
ayuntamientos tienen que ceder el suelo para que el Gobierno construya- es
otro elemento que frena la realización de los planes programados y deriva en
una ejecución muy baja.
La óptima marcha del turismo, la dificultad para conseguir plaza en los hoteles
y el incremento de los precios en el sector han favorecido, de alguna manera,
el crecimiento de la oferta de vivienda vacacional, con una rentabilidad para los
propietarios mayor que la del alquiler tradicional.
Cabría preguntarse entonces si la fuerza con la que ha surgido la vivienda
vacacional es consecuencia de los altos precios de las plazas hoteleras. O si
ha sido la alta demanda turística postpandemia la que ha inducido a sus
propietarios a colocarlas en el mismo mercado, obteniendo así unas rentas
impensables con respecto al alquiler convencional.
La realidad es que la planta hotelera y extrahotelera del Archipiélago, con sus
exigibles condiciones competitivas, goza de una muy buena ocupación, al
tiempo que la vivienda vacacional también está proporcionado a sus
propietarios una notable renta complementaria, que ayuda a dinamizar la
economía de las Islas.
No obstante, de la misma manera que crecen la ocupación turística y la de
vivienda vacacional, disminuye la oferta del alquiler convencional, del que
suelen hacer uso familias y trabajadores. Sus consecuencias se traducen en un
fuerte incremento del déficit de viviendas familiares y graves dificultades
alojativas para quienes, sobre todo en zonas turísticas, encuentran una
oportunidad de empleo.
La buena marcha del turismo, el ocio y la restauración demanda mano de obra
para mantener la calidad en los servicios ofertados. Sin embargo, los
problemas para conseguir un alojamiento se están convirtiendo en un
verdadero hándicap para que los trabajadores puedan aprovechar las
oportunidades laborales surgidas en instantes de alta demanda en el sector
servicios.
Las quejas entre el empresariado por la dificultad de hallar trabajadores para
hoteles y apartamentos, bares y restaurantes, transportes, comercios o la
construcción se generalizan. Resulta difícil de entender cómo un país con una
alta tasa de desempleo no consigue mano de obra para mantener la calidad de
los servicios. ¿El alto precio de los alquileres? ¿La falta de estímulos al
trabajo? ¿La ausencia de incentivos que aleje la tentación de “tirar con la paga
y algún cáncamo”?
Las opciones por las que apostemos nos ayudarán a definir el modelo de
sociedad que deseamos para las nuevas generaciones.