El resultado de la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Pleno del
Congreso de los Diputados para explicar la política migratoria del Gobierno de
España, celebrada el pasado miércoles, no ha podido resultar más
decepcionante para los intereses de nuestro Archipiélago. A modo de
conclusión, podríamos resumirla en que “Sánchez colma de lisonjas y loas a
Canarias, a cuenta de los migrantes”.
Si nos atenemos a lo presenciado hasta el momento, el Gobierno de España
no tiene ninguna intención de intervenir para que se lleve a cabo un reparto
equitativo y justo de los migrantes que llegan a las costas isleñas, a través del
mar. Más aún, el Gobierno de Sánchez parece sentirse cómodo utilizando las
Islas como espacio de retención y jaula para las personas que desean llegar al
continente siguiendo la “Ruta  Canaria”.
A lo largo de la historia, los canarios nos hemos ido ganando el respeto por
nuestro civismo, tolerancia, humanitarismo y solidaridad, con acciones y
hechos constatables. Por ello, muchos estábamos esperanzados en que,
además de reconocer esos valores, remarcados en dicha intervención, la
comparecencia de Sánchez incluyera el anuncio de medidas concretas para
aliviar una situación que ya se hace insostenible desde el punto de vista social
y económico.
Seguro que al presidente del Gobierno de España no se le ocurriría
comparecer ante el Congreso, cuando necesita garantizarse el apoyo de sus
socios catalanes o vascos, únicamente con loas y lisonjas sobre los valores de
ambos pueblos. A la vista está que, en esa otra situación, el dinero y las
competencias siempre tienen que estar sobre la mesa, por lo que cualquier otra
cosa sería considerada una frivolidad o tomadura de pelo. 
De ahí que consideremos igual, una tomadura de pelo a Canarias y a los que
aquí vivimos, la posición mantenida por el Gobierno de España ante la
situación de los menores no acompañados, con la inestimable ayuda, eso sí,
del principal partido de la oposición.
El desacuerdo entre socialistas y populares para modificar la Ley de
Extranjería, con el fin de que los menores no acompañados que desbordan los
81 centros habilitados en las Islas puedan ser distribuidos por el resto de los
territorios del Estado, favoreciendo su atención educativa y formativa, resulta
de una miseria política indescifrable.
Los populares han cometido una torpeza mayúscula, al negarse
sistemáticamente a facilitar el acuerdo con los socialistas para modificar la ley.
A su vez, dicha postura es la excusa perfecta para que el Gobierno de Sánchez
consolide -por acción u omisión- la estrategia de convertir al Archipiélago en la
última parada de los migrantes llegados del continente africano a través del
mar.

Mientras tanto, el presidente del Ejecutivo, en su reciente comparecencia ante
el Congreso, demanda de Europa la solidaridad con España que el Estado no
ésta teniendo con Canarias. Así de sencillo.
El Gobierno español tiene en sus manos la potestad de impulsar un Decreto
Ley que obligue al reparto de los menores no acompañados entre todas las
comunidades. Pero la determinación mostrada por Sánchez para modificar
unilateralmente la Ley de Financiación de las autonomías, creando un sistema
especial de cupo que favorezca a Cataluña, con el que se asegura el apoyo de
los independentistas, no la tiene para aliviar la situación migratoria en Canarias.
Así, el Archipiélago se ve condenado a asumir en solitario el drama de las
personas que, deseando llegar a Europa, terminan atrapadas dentro de la
cárcel virtual en la que han convertido las Islas.
¿Hasta cuándo vamos a permitir los canarios que nos tomen el pelo,
considerándonos tontos?