La crisis humanitaria que se vive en la llamada “Ruta Canaria”, entre África y
nuestro Archipiélago, debería de avergonzarnos a todos. El mar que separa
ambas orillas se ha convertido en un auténtico cementerio. Mientras tanto, la
prioridad del Gobierno de España sigue siendo ganar la batalla que ha
emprendido contra el Gobierno de Canarias, porque éste cumple con lo que,
entre otras cosas, le da sentido a su existencia: defender los intereses de la
gente que vive aquí.
España no tiene una política migratoria. Pese a los profundos cambios que se
han producido en el perfil de los migrantes, durante el último cuarto de siglo,
especialmente en lo referido a los menores no acompañados, la modificación
de la Ley del año 2000 sigue sin terminar de concretarse. En la negociación a
tres bandas que llevan a cabo los gobiernos de España y Canarias, junto al
Partido Popular, prima la escenificación de quién gana el pulso que vienen
sosteniendo, por encima del cierre de un acuerdo de distribución equitativa de
los menores, en todos los territorios del Estado.
Por otra parte, la inacción impera en la política general de la migración llegada
a través del mar. En parte, dicha inactividad pudiera ser una de las causas de
la colosal catástrofe humanitaria producida cerca de nuestras costas. La
dejación de las autoridades españolas, europeas y locales permite la absoluta
impunidad con la que actúan las mafias dedicadas al tráfico de personas
ansiosas por llegar a Europa.
Seguimos sin ver ni una sola medida de control y filtro en origen. Ninguna
acción disuasoria. Ningún despliegue especial para controlar a los mafiosos
que operan a sus anchas, sin que se acuda a la Agencia Europea de la
Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX). Lamentablemente, toda una
invitación al riesgo de perder la vida en el intento.
Según los datos del colectivo Caminando Fronteras, el acceso a Europa por
Canarias es el más peligroso de todo el mundo. Por la información que maneja
esta ONG, más de 11.000 personas murieron en esa ruta en el año 2023, con
una media diaria de 32 personas que se dejan la vida en el propósito de
alcanzar la otra orilla.
Nos alarmamos con los datos que publica el Ministerio del Interior sobre el
número de muertos al año en las carreteras del Estado, con alrededor de 1.100
personas que pierden la vida en este tipo de siniestros. De ahí que se
incrementen los controles policiales para evitar más pérdidas de vida inútiles.
Mientras tanto, en la “Ruta Canaria” mueren en ese mismo periodo de tiempo
casi 12.000 seres humanos indefensos, sin que exista una sola medida que
minore el riesgo de subirse a un cayuco con rumbo a un destino incierto. Ni
rigor en el control de las salidas, ni identificación y persecución de las mafias, ni
cooperación en origen y cupos de migrantes ordenados. Nada. Se ve que a las

autoridades españolas le queda lejos la catástrofe humanitaria sufrida en el
Atlántico Medio.
Queda claro que en cualquiera de las fronteras donde se enfrentan desarrollo
con miseria y pobreza, los movimientos para alcanzar un futuro mejor han sido
-y seguirán siendo- constantes y con asunción de riesgos. Ahora bien, a fecha
de hoy, no existe ningún otro lugar del mundo donde el salto al desarrollo
encuentre tan alto precio como en la conocida como “Ruta Canaria”.
Para tomar conciencia de la magnitud de este desastre, un último dato
comparativo: en un año se dejan la vida en esta franja marítima tantas
personas como toda la población residente en El Hierro. O lo que es igual, es
como si el mar se tragara anualmente a todos los vecinos juntos de los
municipios de Betancuria, Artenara, Agulo, Vilaflor, Garafía, Fuencaliente y
Hermigua.
Mientras esto sucede, España y Europa continúan mirando a otro lado.