El hecho de que un paisano de las Islas se siente en el Consejo de Ministros
debe ser motivo de orgullo para todos los canarios. Y es así, más allá de su
vertiente sentimental, por lo que significa, desde el punto de vista pragmático,
contar con alguien que conoce nuestra idiosincrasia y la realidad de un territorio
que, guste más o guste menos, es diferente. La geografía, la organización
político-administrativa, el régimen fiscal o nuestra forma de ser y hablar nos
hacen diferentes de quienes viven en el continente. Las Islas marcan una forma
de ser determinada.
También nuestra dependencia del barco y el avión, nuestra biodiversidad,
nuestro sistema de captación del agua o, simplemente, nuestra mayor cercanía
de África que de la Península. Por todas estas razones, y otras muchas más, la
propia Unión Europea nos reconoce un estatus especial como territorio lejano y
ultraperiférico del continente.
Pues bien, a estas Islas distintas y, por lo tanto, con problemas diferentes,
siempre le vendrá bien que en las altas instancias del Estado -el Gobierno de
España lo es- existan voces canarias que pongan en valor el matiz de la
diferencia en las políticas estatales.
Durante la última década hemos tenido el honor de contar con tres ministros de
las Islas sentados en la mesa del Consejo, en el Palacio de La Moncloa: José
Manuel Soria, Carolina Darias y Ángel Víctor Torres.
La segunda, hoy alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, no tuvo que lidiar
con asuntos relevantes y específicos del Archipiélago en los ministerios que
dirigió: Política Territorial y Función Pública, primeramente, y Sanidad, con
posterioridad. Por el contrario, tanto José Manuel Soria, en su día, como Ángel
Víctor Torres, en la actualidad, sí han tenido que afrontar la resolución de
asuntos de gran sensibilidad y repercusión para su tierra, para Canarias.
Con todo, da la sensación de que tanto en su día el Gobierno de Rajoy, como
ahora el de Pedro Sánchez, han utilizado -o utilizan- a los representantes
canarios en el Consejo de Ministros como parapeto de defensa de
planteamientos colonialistas, en asuntos tan sensibles para el pueblo canario
como fuera, en su momento, el de las prospecciones petrolíferas o,
actualmente, el de la inmigración.
Soria fue el encargado, dentro del Gobierno de Rajoy, de abanderar el
otorgamiento de los permisos para que Repsol llevara a cabo prospecciones
petrolíferas en aguas de nuestro entorno. Despreció el entonces ministro de
Industria el posicionamiento de Gobierno y Parlamento de Canarias, de
cabildos y ayuntamientos y de la sociedad civil de las Islas, provocando con
ello la repulsa y el rechazo al abuso que quería llevar a cabo el Ejecutivo
central, casado con los intereses de la petrolera. El “no” rotundo expresado en

las calles quedará grabado para siempre y debería servir de ejemplo a las
nuevas generaciones de la gente de esta tierra.
Las mismas malas mañas que empleó entonces el Gobierno de Rajoy para
achantar a las instituciones isleñas están siendo utilizadas ahora por el
Ejecutivo de Sánchez para hacernos tragar con ruedas de molino y que
aceptemos por imposición convertirnos en el gran campo de concentración de
inmigrantes del sur de Europa. Ante la nula y errática política migratoria del
Gobierno de España, Canarias puede terminar siendo parada y fonda, pero, en
ningún caso, el final del camino.
A otro canario, Ángel Víctor Torres, le han colocado al frente de la comisión
ministerial que coordina la política migratoria. El esfuerzo que está haciendo el
expresidente de las Islas está a la altura de la magnitud que adquiere el
fenómeno migratorio. Extraña que, habiendo sufrido como presidente la
impotencia que se siente ante el ninguneo del Gobierno central de turno, no
haga valer con más contundencia, ante sus compañeros del Consejo de
Ministros, la gravísima situación migratoria padecida por el Archipiélago.
No hay duda, el Gobierno de Sánchez viene utilizando la misma metodología
que en su día empleó Rajoy para someter al Gobierno de Canarias y a los
canarios. No tiene ningún rubor en usar todas las instancias del Estado para
anteponer una pingüe victoria política, aunque ésta sea a costa de
desentenderse del drama de los menores no acompañados y de convertir al
Archipiélago en una auténtica cárcel para los migrantes, que solo buscan
servirse de las Islas como plataforma de paso para llegar al continente
europeo.
Si en el pasado se acabó por salir a la calle para protestar contra las malas
artes del Gobierno español y de Repsol, puede que esté llegando la hora, si el
Ejecutivo de Pedro Sánchez no entra en razón, de que el pueblo canario vuelva
a adquirir el protagonismo debido y alce la voz frente a tanta injusticia. La
paciencia se acaba.