El curso político ha comenzado con el mismo mal ejemplo con el que los
partidos estatales salieron de vacaciones a lo largo del mes de agosto. Tanto el
Gobierno de España, liderado por Sánchez, como su alternativa de gobierno, el
Partido Popular de Feijóo, conservan los planteamientos esgrimidos antes de
irse de descanso. En ambos, el egoísmo y el sectarismo presiden sus primeras
comparecencias públicas.
Dentro del ámbito estatal, el nombramiento como gobernador del Banco de
España del hasta ahora ministro de Transformación Ecológica, José Luís
Escrivá, es un nuevo paso de Sánchez hacia el control total de organismos e
instituciones. Sin discutir su capacidad para el desempeño de esta nueva
responsabilidad, lo que se cuestiona es que otro ministro cambie un sillón del
consejo por el de un organismo competente en el control y asesoramiento de
las políticas impulsadas por el mismo Gobierno del que formaba parte.
En su comparecencia previa a las vacaciones, a principios de agosto, Sánchez
obvió sin ningún rubor la angustiosa situación que padece Canarias por la crisis
migratoria. Ahora, en el reinicio de la actividad política otoñal, el presidente
vuelve a pasar por el alto, de manera deliberada, el referido drama humanitario.
De poco sirvió para la reflexión su estancia en las Islas, mientras los
emigrantes continuaban llegando a nuestras costas.
Sánchez ya nos tiene acostumbrados a la ejecución de golpes de efecto con la
pretensión de distraernos de lo sustancial y que nos quedemos con lo
artificioso. Su viaje a Senegal, Mauritania y Gambia ha tenido ese objetivo.
La política de estricto control en el espacio del Mediterráneo y la dejación y
abandono en el diseño y aplicación de medidas en la denominada ruta canaria
podría tener una intencionalidad deliberada: convertir a las Islas en el gran
refugio para la acogida de aquella migración procedente de Africa que desea
llegar a Europa a través del Archipiélago.
A tenor de la dejadez de socialistas y populares ante el fenómeno migratorio
que padecemos, nuestros representantes en la Cortes Generales y el Gobierno
de Canarias deberían demandar información sobre las medidas que está
llevando a cabo el Gobierno de España para controlar el acceso a nuestras
costas, en cumplimiento de su responsabilidad. Conviene confirmar lo que es
una realidad.
Por lo pronto, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas
(FRONTEX) reconoce que no está actuando en la ruta canaria porque el
Gobierno español no se lo ha solicitado. Desde que Sánchez llegó a La
Moncloa, las patrulleras conjuntas, compuestas por miembros de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad españoles y policías de marroquíes, senegaleses y
mauritanos, suspendieron las operaciones de control de las mafias en aguas
soberanas de estos tres países africanos. Es evidente.

La manifiesta libertad de maniobra con la que están operando las mafias que
trafican con personas, por la inacción de las autoridades competentes,
contribuye a una buena parte de las muertes y dramas que se están
produciendo en el Atlántico Medio. ¿Cabría pensar que se pueden estar
cometiendo delitos por parte de quienes lo permiten?
Canarias debe utilizar todos los instrumentos que tiene en sus manos para
frenar este auténtico disparate. De una vez por todas. Hemos asumido siempre
-y lo seguiremos haciendo- la cuota que nos corresponde en el reparto solidario
de migrantes, tanto menores como adultos. Pero ni uno más.
Para todo ello, resulta imprescindible que nos mantengamos unidos, quienes
aquí vivimos, y reforzar así esta lucha desigual que se ha abierto para que el
Gobierno de España y todas las Instituciones del Estado nos entiendan y
respeten. Todos juntos: administraciones públicas, empresarios, sindicatos,
sociedad civil y medios de comunicación. Hay mucho en juego.